miércoles, 16 de agosto de 2017 19:37
Opinión

Corrupción o buen gobierno

Joan Carles Gallego
Joan Carles Gallego
Secretario general de CCOO de Cataluña

El panorama político e institucional del país se ha abnegado del alud informativo de casos de corrupción acumulados que abruman y generan una sensación de inseguridad y desprotección ciudadana y la convicción de que las raíces de la corrupción son profundas e instalaladas en el sistema.

El panorama político e institucional del país se ha abnegado del alud informativo de casos de corrupción acumulados que abruman y generan una sensación de inseguridad y desprotección ciudadana y la convicción de que las raíces de la corrupción son profundas e instalaladas en el sistema. El presidente Rajoy, consciente del amplio malestar social, pidió disculpas en una intervención ante el Senado, intentando exculparse, él y su Gobierno, de unas responsabilidades que quiere acotar a la esfera particular de las personas imputadas, hablándonos del exceso de codicia y de la indignidad y el abuso de confianza de las personas corruptas. El caso Millet o el affaire Pujol han tenido tratamientos similares, ya que más allá del reconocimiento del impacto emocional que ha generado el último, y el relato construido en todos los casos se circunscribe al ámbito personal-familiar ya comportamientos individuales. Reacciones de unos gobernantes que pretenden crear un cordón sanitario que los aísle, como máximos responsables del funcionamiento de las administraciones, de la gestión de la cosa pública, de los casos de corrupción que vamos conociendo.

Si se explica en clave de comportamientos personales, de falta de moral, de codicia, queda claro que estamos ante uno de los siete pecados capitales y que éste, si se confiesa y arrepiente, no tiene pena de infierno. Poco se profundiza que estamos ante un pecado capital convenientemente manipulado por los poderes económicos en beneficio propio, ya que esto conlleva una reflexión más profunda sobre el propio funcionamiento del sistema. Las explicaciones personales y morales hoy ya son impresentables. Pueden remover alguna conciencia y generar alguna solidaridad con el gobernante que dice sentirse estafado. Pero no es aceptable para una mayoría social que reclama remover los cimientos sobre los que se asientan estas actuaciones.

En este marco, a iniciativa propia, el Parlamento de Cataluña promueve un proyecto de ley para regular la transparencia, el acceso a la información pública y el buen gobierno. Creo que es un proyecto en líneas generales positivo, así lo hice explícito en la comparecencia en la comisión, el 22 de octubre, ya que la opacidad informativa y la falta de transparencia del gobierno de la cosa pública está detrás de la grave crisis política e institucional, y genera una amplia desafección ciudadana en relación con sus representantes públicos y todas las instituciones sociales. Además, genera un funcionamiento ineficiente desde el punto de vista económico, favoreciendo tratos y contratos no necesariamente validados por la necesidad ni la correcta relación coste-beneficio. Desgraciadamente, también, la opacidad hace crecer con facilidad el trato injusto y discriminatorio, el favoritismo y el clientelismo, en perjuicio del principio de igualdad.

El proyecto de ley presentado debe mejorar algunas cuestiones para ser útil a la finalidad que quiere promover. Por un lado, reforzar la independencia del órgano que controla el cumplimiento de los principios de transparencia y libre acceso a la información por parte de la ciudadanía. Por otro, proteger el empleado público que en ejercicio de su función conozca o pueda conocer la existencia de prácticas que amparen supuestos de corrupción y lo denuncie. La propuesta de ley debe regular claramente el papel de los grupos de interés (lobbies) que actúen a la luz del día. Pero también debe reconocer el papel y la función social de las instituciones políticas y organizaciones sindicales y empresariales, y establecer la regulación de sus obligaciones, entre ellas la transparencia y el rendimiento de cuentas. No sea que la no regulación de las obligaciones sirva para alterar representatividades, debilitar los instrumentos que han de organizar y canalizar la participación para defender intereses o acabar suprimiendo los derechos de asociación, aprovechando el clima general donde todo se pone en entredicho.

Necesitamos, un código de comportamiento, unas reglas claras, unos controles estrictos, una penalización severa, que eviten que las prácticas de corruptos y corruptores sigan instalados en la sociedad. Ciertamente no estamos ante un problema moral, pero también hay que disponer de mecanismos que ayuden a construir una nueva moralidad que quizás necesita la coerción legal para hacerse efectiva y general. Un código ético y deontológico general que impulse el cambio de comportamientos, que sea asumido y validado por instituciones, entidades y organizaciones, que pueda ayudar a hacer camino. Un pacto contra la corrupción, que auto obligue a unas pautas de comportamiento, puede ayudar a recuperar una confianza que hoy se encuentra bajo mínimos y que puede costar mucho recuperar, especialmente para quien ha sido protagonista por acción u omisión del actual estado de cosas. Posiblemente no basta con un pacto con mayor o menor proyección mediática, si no hay actuaciones claras que sustenten en hechos lo que se dice.

Por eso hemos de valorar el conjunto de acciones que está realizando CCOO estas últimas semanas. El conocimiento de la implicación de miembros del sindicato en el caso de las tarjetas de Caja Madrid ha supuesto la inmediata apertura de un expediente de expulsión, con la recopilación informativo de lo que ha pasado, la apertura de un proceso de auditoría interna de toda la participación y representación institucional de la organización, y con el conocimiento de quien, por qué y cómo se está en cada ámbito de participación. Una vez hecho esto, hay que revisar y actualizar los procedimientos de control interno de las obligaciones de quien representa la organización, porque es evidente que se han producido errores en el control. Y en paralelo se debe continuar el compromiso con la transparencia y profundizarlo. Un compromiso que viene de lejos, ya que desde 2005 se presentan las cuentas auditadas a la Sindicatura de Cuentas de forma voluntaria, pero que hay que seguir mejorando: se informará de todas las fuentes de ingresos y de los componentes de la gasto, es necesario conocer cuáles son los derechos sindicales, en el que se fundamentan y en que se utilizan, se deben conocer qué fines se plantean y cómo se van alcanzando. No hay nada que esconder. Precisamente es la transparencia la mejor arma disponible para hacer avanzar los objetivos de organizar más y mejor para hacer avanzar las condiciones de trabajo y de vida de la gente trabajadora. Sólo puedes hacer lo que puedes contar y si no lo puedes explicar, mejor que no lo hagas. La fina línea que separa la corrupción del buen gobierno es precisamente la transparencia y la libre información.

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