lunes, 18 de diciembre de 2017 23:33
Sociedad

La Audiencia balear decidirá este viernes si envía a juicio a la Infanta Cristina

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La Audiencia Provincial de Baleares ha fijado para el próximo viernes la deliberación, votación y fallo del recurso de la Infanta Cristina contra el mantenimiento de su imputación en el caso Nóos.

Será cuando el tribunal decida de forma definitiva si tanto la hermana del Rey Felipe VI como otros once encausados deben sentarse en el banquillo de acusados, en el caso de la Duquesa de Palma por dos presuntos delitos fiscales y uno de blanqueo de capitales.

La Sala, compuesta por seis magistrados --cuatro titulares (su presidente y ponente, Diego Gómez-Reino, Mónica de la Serna, Juan Jiménez y Ana Cameselle) y dos de refuerzo (una sustituta y otro de adscripción territorial)--, deberá así decidir por segunda vez si archiva la imputación de la Infanta, después de que en abril de 2013 dejase sin efecto su encausamiento por los mismos delitos en que habría incurrido su marido, Iñaki Urdangarin, al frente del Instituto Nóos.

Mediante una providencia dictada este lunes, la Sala señala que, a fin de evitar cualquier clase de filtración de la resolución y debido a la trascendencia pública que ésta pueda tener, se convocará con antelación a todas las partes personadas para que comparezcan a través de sus representaciones procesales, a la hora que se les señale, en el momento de la notificación del auto.

Asimismo, apunta que, a raíz de la extensión que previsiblemente tendrá el auto resolutorio, sólo se notificará su parte dispositiva, lo que no impide, añade, que las partes interesadas puedan comparecer con un dispositivo USB para cargar al instante la resolución completa.

La decisión se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) rechazase apartar a Gómez-Reino y De la Serna, recusados por Manos Limpias tras haber sobreseído el año pasado la primera imputación de la Infanta --el único voto particular en contra del archivo fue el del magistrado Juan Jiménez-.

No obstante, en esa misma resolución, el tribunal abrió la vía para que la Duquesa de Palma fuese investigada por fraude fiscal y blanqueo de capitales, iniciándose así una intensa investigación que, a lo largo de ocho meses, conllevó el rastreo de todas las cuentas corrientes de la Infanta, de todos sus bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos, tanto a nivel nacional como internacional, con la solicitud de numerosos informes a la Agencia Tributaria, al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional y a registros de la propiedad.

Ahora, tras estudiar toda esta documentación, los magistrados deberán pronunciarse sobre si la Infanta defraudó a Hacienda y lavó dinero de origen presuntamente ilícito a través de Aizoon, sociedad de la que es titular al 50 por ciento junto a su esposo, y que supuestamente sirvió de 'tapadera' para desviar parte de los fondos que de forma irregular obtuvo el Instituto Nóos de las Administraciones.

Junto al recurso de apelación de Doña Cristina, la Sala resolverá los interpuestos por Urdangarin; el exsocio del Duque, Diego Torres; su mujer, Ana María Tejeiro, y los hermanos de ésta, Marco Antonio y Miguel Tejeiro; el expresidente del Govern Jaume Matas; los exaltos cargos de la Generalitat Valenciana Jorge Vela, Manuel Aguilar, Luis Lobón y Elisa Maldonado, y la exconsejera de la Fundación Madrid 16 Mercedes Coghen.

Del mismo modo, también deberá pronunciarse la Audiencia en torno a los recursos formulados por la Fiscalía Anticorrupción, el sindicato Manos Limpias y los concejales del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, acusaciones en el caso Nóos.

ESCRITOS DE ACUSACIÓN y APERTURA DE JUICIO ORAL

Tras la resolución de las impugnaciones, las acusaciones del caso --Fiscalía Anticorrupción, Abogacías del Estado y de la Comunidad Autónoma, Manos Limpias, PP balear y los concejales del PSPV del Ayuntamiento de Valencia-- dispondrán de diez días --excepto en caso de que la Audiencia amplíe el plazo-- para presentar su escrito de calificación provisional, en el que determinarán definitivamente a quiénes acusan y qué penas solicitan para ellos, además de pedir la apertura de juicio oral, que Castro deberá acordar a través de un auto que ya no será recurrible.

Los recursos fueron presentados, en concreto, contra el auto por el que el pasado 25 de junio Castro puso fin a la instrucción del caso Nóos, y en el que decretó que continuase el proceso penal contra un total de 16 imputados de cara a ser juzgados por las presuntas irregularidades cometidas en torno a la actividad del Instituto Nóos, liderado entonces por el Duque de Palma y su exsocio.

El fiscal Pedro Horrach fue el primero en impugnar la resolución, mediante un recurso en el que recriminaba al magistrado haber llevado a cabo una instrucción "a la carta" y haber practicado investigaciones "contradictorias" en torno a la hermana del Rey Felipe VI "a modo de encaje de bolillos".

La dureza del escrito, de más de 60 páginas, llevó a Castro a emplazar a Horrach a interponer contra él "una querella por prevaricación" si "cree lo que escribe" en su recurso, al aseverar que en él hay "claras imputaciones de que he prevaricado".

Por su parte, la Infanta considera en su recurso que Castro ha querido "mantener a toda costa" su imputación por blanqueo de capitales y por un delito contra la Hacienda Pública, alegando que "la mera pretensión de mantener viva una imputación no puede anteponerse a la estricta aplicación de la Ley".

Según la defensa de la hermana del Rey, sólo así se explica que indicios de criminalidad que en su día se consideraron insuficientes o exculpatorios ahora la incriminen, y creen que el juez ha forzado las figuras de delito fiscal y blanqueo "más allá de lo que una cabal interpretación jurídica debería permitir para sostener la relevancia penal de las imputaciones".

Mientras tanto, el abogado de Urdangarin defiende que si éste logró hacer negocios a través del Instituto Nóos y otras empresas fue por su preparación y por haber sido "deportista de alto nivel" y no sólo por su condición familiar en la Casa Real.

"Es cierto, sí, mi mandante, por matrimonio, desde el año 2004 era yerno del Rey de España y ahora es cuñado del Rey de España, pero esa condición familiar no fue la única tenida en cuenta para que pudiera intentar realizar su actividad profesional", añadía.

TORRES: "TODO ESTABA VALIDADO POR LOS MÁS ALTOS ASESORES DEL ESTADO"

También Torres y su mujer recurrieron el conocido como auto de pase a procedimiento abreviado, en el que la defensa del matrimonio defiende la gestión llevada a cabo al frente de Nóos, puesto que "absolutamente nada de aquello en lo que intervino" el Duque de Palma, "directa o indirectamente, estaba dejado de la mano, sino que todo se hacía con luz y taquígrafos, y estaba velado, validado, autorizado, auspiciado, consentido, conocido, consolidado y demás por los más altos y prestigiosos asesores del Estado".

En lo que a las acusaciones del caso se refiere, Manos Limpias, que ejerce la acción popular en la causa, pide que se impute de nuevo al secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga --para quien Castro archivó las investigaciones--, al considerar que participó activamente en los negocios desplegados a través de Nóos a través de una labor de "control y conocimiento de todo lo que se hacía".

Finalmente, los socialistas de Valencia recurrieron la resolución judicial a fin de que volviera a abrirse la causa contra el vicealcalde de la ciudad y presidente de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), Alfonso Grau, al considerar que la decisión de que la FTVCB financiara el denominado Valencia Summit "fue exclusivamente del señor Grau", una conducta de la que "se desprenden indicios de malversación de caudales públicos".

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