viernes, 20 de octubre de 2017 16:17
Sociedad

El Tribunal de Cuentas considera un "exceso injustificado" que el CGPJ tenga una póliza para cubrir delitos de jueces

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El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha reprobado que la póliza de seguro vigente en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para cubrir la responsabilidad civil por los delitos dolosos cometidos por los jueces en el ejercicio de sus cargos es un "exceso que no está justificado" y ha advertido de que su institución "nunca" ha aceptado que el dinero "público" se destine a estos gastos.

El máximo responsable del Tribunal de Cuentas ha presentado este martes en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas el informe de fiscalización sobre el ejercicio del CGPJ referido a 2010, que desvela el elevado margen de "discrecionalidad" y las numerosas irregularidades detectadas durante la presidencia de Carlos Dívar.

Álvarez de Miranda ha reconocido la "demora" del informe, después de que el PSOE, el PP y la Izquierda Plural criticaran la tardanza, aunque ha defendido que está "justificada" por el "carácter minucioso" del estudio, el cual enumera anomalías en la contabilización de gastos del personal, en las contrataciones o sobre el "superávit" presupuestario de las asociaciones.

A su juicio, sería recomendable que el órgano de gobierno de los jueces dispusiera de "oficinas contables" para proporcionar transparencia y claridad en su gestión y contara con "una fiscalización de carácter previo".

Además, ha criticado la póliza de seguro para actuaciones dolosas que fue suscrita por el Consejo de Dívar y continúa vigente, en respuesta al parlamentario del PSOE Jaime Barrero, que lo ha considerado "profundamente ilegal".

El senador del PP Eloy Suárez ha advertido de que "en la calle la ciudadanía no entiende que si el informe es tan duro y contundente, luego todo esto acabe en nada". Álvarez de Miranda ha recordado que el asunto sobre los polémicos viajes de Carlos Dívar se archivo después de que este devolviera el dinero por desplazamientos sin justificación.

Por su parte, el diputado de la Izquierda Plural Ricardo Sixto ha pedido explicaciones sobre la intención de contratar becarios para los gabinetes de comunicación de los Tribunales Superiores de Justicia o el sistema de financiación de las asociaciones judiciales.

El actual CGPJ, presidido por Carlos Lesmes, ha modificado la regulación de los viajes, cuenta con un portal de transparencia en su página web y ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a asociaciones. El diario oficial difundió el pasado 22 de mayo las bases que obligan a detallar gastos evitando así un riesgo de sobrefinanciación en estas organizaciones, aspecto sobre el que ha alertado el Tribunal de Cuentas.

CRITICA GASTOS SOBRE CONDUCTORES Y PERSONAL DE SEGURIDAD

Según ha desvelado el presidente del Tribunal de Cuentas en el Congreso de los Diputados, el grado de ejecución de las cuentas del Consejo en 2010 fue del 78%, contó con una excesiva "presupuestación", no tuvo en cuenta incrementos de generaciones de crédito ni circunstancias como las medidas de contención del gasto. Además, la práctica totalidad de las modificaciones de crédito resultaron "innecesarias".

El Consejo de Dívar aplicó "indebidamente" aquellos relativos a conductores o personal de seguridad y su 'resumen de retenciones e ingresos a cuenta' no contenía la mayor parte de las dietas y desplazamientos satisfechos durante el ejercicio.

La regulación sobre gastos de atenciones protocolarias y representativas era "insuficiente" y además se pagó un elevado importe por el desplazamiento de trece vocales a sus residencias. "En general no hay elementos de juicio que permitan afirmar que las comisiones de servicio llevadas a cabo por los altos cargos del Consejo no hayan cumplido tal requisito", ha dicho Álvarez de Miranda en referencia a que estuvieran relacionados con obligaciones de su cargo.

Tras la publicación del informe del Tribunal de Cuentas, la magistrada del Tribunal Supremo y ex vocal Margarita Robles ha sido la única en defender que sus gastos de atenciones protocolarias y representativas durante 2010 fueron de "cero euros" y además siempre viajó en clase turista y siempre obedeciendo a razones de trabajo. Ella y otros vocales se ofrecieron a exponer sus gastos en el Congreso.

Además, Álvarez de Miranda ha criticado la ausencia de normas reguladoras del procedimiento de selección y nombramiento de la bolsa de analistas del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). En los concursos internos tampoco se establecía puntuación de méritos, lo que convertía el procedimiento "más en un sistema de libre designación".

Además, no había manuales internos y faltaba coordinación en la gestión y control de la contratación, mientras que se delegaba recurrentemente en el secretario general para "la autorización de gastos por improte superiores al máximo establecido" en la Comisión Permanente.

Se incumplía también la obligación de comunicar los contratos adjudicados al Registro Público de Contratos y además estos no tenían la previsión y planificación suficiente, recurriendo a "procedimientos negociados sin publicidad o a la contratación menor" en vez de a un único procedimietno abierto y sin especificar en los pliegos los criterios de valoración y baremación para la adjudicación.

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