El Consejo de Estado aprobará este jueves el dictamen solicitado por el Gobierno

La Comisión Permanente del Consejo de Estado aprobará en su reunión de este jueves el dictamen que le ha solicitado el Gobierno sobre la legalidad de la nueva consulta soberanista convocada por la Generalitat de Cataluña para el 9 de noviembre, una vez que la original está suspendida por el Tribunal Constitucional.

El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, reclamó ayer al órgano consultivo un dictamen urgente, antes del 31 de octubre, han informado a Europa Press fuentes del Consejo, por lo que la Permanente deberá aprobarlo en su reunión ordinaria de este jueves. El Ejecutivo planea impugnar ante el Tribunal Constitucional el conjunto de actuaciones que ha puesto en marcha la Generalitat de Cataluña para la celebración de una consulta bajo la denominación de "proceso de participación ciudadana".

Es obligatorio que cuente para ello con dictamen del Consejo de Estado, dictamen preceptivo pero no vinculante y que puede ser favorable o no al recurso. Si este documento es aprobado el jueves y remitido al Ejecutivo, el Consejo de Ministros podría decidir el recurso en su reunión del viernes.

FUERZA PROBATORIA DE LAS INSTRUCCIONES DE LA GENERALITAT

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, explicó ayer que la Abogacía General del Estado está estudiando actuaciones de la Generalitat como "las instrucciones que se emiten a los centros escolares y a los funcionarios", para ver si tienen "fuerza probatoria suficiente" para incorporarlos a un expediente de impugnación.

En esta línea, el ministro destacó que "puede haber un cierto fraude de ley", en el sentido de que "se pretende conseguir un resultado prohibido mediante un camino alternativo" y agregó que la consulta no oficial que se prepara para el 9N en Cataluña no podría hacerla "ningún Gobierno público porque no hay un marco legal".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, calificó este domingo de "acto mezquino" que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, utilice a los funcionarios públicos y no se atreva a dar instrucciones por escrito y garantizó que su Ejecutivo cumpliría la ley.