lunes, 11 de diciembre de 2017 08:42
Politica

Societat Civil Catalana recomienda a los profesores que el 9N no hagan nada sin una orden escrita

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Societat Civil Catalana (SCC) ha recomendado este lunes a los profesores y directores de centros donde se celebrará el nuevo 9 de noviembre que no hagan ninguna actuación "sin que exista una orden por escrita clara" por parte de los servicios territoriales de Enseñanza, ha informado la entidad en un comunicado.

En rueda de prensa este lunes, la vicepresienta tercera de SCC, Susana Beltrán; el vocal de la entidad Rafael Arenas, y el miembro de la sectorial de juristas de la entidad Pablo Nuevo, han presentado una guía de consejos para los miembros de la comunidad educativa.

En ella, recomiendan que, una vez reciban la orden por escrito, la trasladen a los servicios de inspección de la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat y a la Alta Inspección de Enseñanza del Estado.

SCC también ha instado a los padres de los alumnos a que soliciten por escrito a los directores de los centros educativos "que no se permita el acceso a particulares al centro a fin de preservar los datos personales de los alumnos del centro".

La organización ha criticado la falta de una administración electoral y la falta de "todas las garantías democráticas mínimas" para la celebración de una consulta, que ha calificado de ilegal.

Han elaborado la guía después de recibir demandas de profesores, directores y familias "preocupados" por lo que puede ocurrir durante la celebración de este proceso participativo.

Han dicho que los voluntarios del mundo docente que está reuniendo la Generalitat son "ciudadanos particulares sin responsabilidad para la gestión de datos personales y datos médicos de los niños que están en los centros educativos".

"La Generalitat quiere burlar al Estado de derecho y llevar a los ciudadanos a una situación de confrontación y confusión", ha deplorado Arenas, que ha pronosticado que la consulta acabará en un ridículo.

El vocal ha dicho que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, quiere trasladar a los hombros de los funcionarios la responsabilidad que él no quiere asumir firmando un decreto de convocatoria, lo que ha calificado de "farsa".

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