Barcelona aprueba rechazar el convenio del traslado de la Modelo

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, hace unos días afirmaba que veía mejorable el convenio que habían firmado la Generalitat y el consistorio sobre el traslado de la cárcel Modelo. Este miércoles la Comisión de Presidencia y Régimen Interior de Barcelona ha aprobado sendas proposiciones del PP e ICV-EUiA con las que expresa su rechazo al este convenio.

La aprobación de estas proposiciones tienen un valor más bien simbólico porque el gobierno no está obligado a cumplirlas, y los grupos que las han apoyado han precisado que todos quieren una solución para la Modelo y la prisión de Trinitat Vella pero no que el consistorio construya una cárcel cuando le correspondería a la Generalitat.

Este último es uno de los puntos de fricción, ya que la operación de la Modelo puede llegar a costar 39 millones de euros, ante lo que el teniente de alcalde de Hábitat Urbano, Antoni Vives, ha dicho que la nueva cárcel la construirá el Ayuntamiento o un tercero, y que el retorno de la inversión está "garantizado" porque la Generalitat pagará un alquiler.

Alberto Fernández Diaz afirmaba en un comunicado, que la Modelo es una crónica de continuos incumplimientos y ha reclamado que esta vez sea la definitiva ya que Mas, Trias y Núria de Gispert ya anunciaron en 1997 siendo consellers de la Generalitat que la cárcel cerraría en 2002: "17 años después los mismos protagonistas vuelven a hacer el mismo anuncio", ha criticado.

Según él, la medida tiene un claro acento electoral porque no se garantizan presupuesto ni calendario, y ha recordado que mientras el tripartito de Hereu se hizo la foto derruyendo la garita de la prisión de Trinitat Vella, que sigue todavía en pie, ahora Trias se la hará derruyendo simbólicamente la Modelo con 13 años de retraso "sin garantizar que tras las elecciones municipales de mayo de 2015 se continúe".

Por su parte Eduardo Bolaños (PP) ha afirmado que no vale cualquier solución para los centros penitenciarios, y Joaquim Mestre (ICV-EUiA) ve inaceptables las condiciones pactadas.