La juez mantiene a 13 imputados al cerrar la investigación de un fraude en obras del Puerto

La juez que investiga el presunto fraude en las obras de ampliación del Dique Este del Puerto de Barcelona ha cerrado la instrucción y mantiene imputadas a 13 personas, aunque archivado la causa contra el exsubdirector general de Infraestructuras y Conexiones Intermodales de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB), Rafael Escutia, y contra otros tres acusados.

En un auto en el que ordena el traslado a las partes para que se pronuncien sobre si abrir juicio oral, el Juzgado de Instrucción 5 de Barcelona concluye que la investigación "no ha permitido reunir indicios de criminalidad suficientes en su contra habiendo cuenta del carácter de interinidad de su cargo" tras el cese de Martí Unanúe.

Sí que mantiene, en cambio, la imputación del director de la obra entre 2001 y 2007 X.Martí; el director de la Ute Dique Este Jose Antonio R.; Ramón V.; el jefe de obra de Ferrovial David E.; los administradores de Coteras Luis R. y Esteban C.; el encargado del control del material que entraba en la obra David C.; el jefe a pie de obra Gonzalo J.; el administrador de Escosorra Jaime P., y los emisores de facturas Álvaro M., Luisa G., Cecilia G. y José Luis G.

La juez relata que el 5 de septiembre de 2001 la Autoridad Portuaria de Barcelona adjudicó esta obra a la Unión Temporal de Empresas formada por FCC, Construcciones Rubau, Ferrovial Agromán y Copisa.

Se construyeron dos explanadas que contractualmente correspondía pagar a estas empresas pero que se facturó a la Autoridad Portuaria "pese a que la realización había supuesto ingresos extraordinarios al utilizarse material procedente de derribos y demoliciones".

FACTURAS FICTICIAS

Por otra parte, la UTE incluyó en su facturación a la Autoridad Portuaria el suministro de materiales "que en realidad se basaba en facturas ficticias", según el auto judicial, con lo que, en conjunto, la Autoridad Portuaria pagó un total de 34,9 millones de euros por estas.

La juez concluye que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de estafa --por las cantidades indebidamente facturadas a la Autoridad Portuaria--, de otro contra la Hacienda Pública por la supuesta defraudación tributaria, y de falsedad de documento mercantil por la confección de facturas ficticias.