viernes, 20 de octubre de 2017 03:44
Opinión

A mayor número de ciudadanos "sólo catalanes", mayor apoyo a la secesión de España

Luis Moreno
Luis Moreno

Profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos

Las autoridades catalanas (parlament, govern y ajuntaments) auspiciaron la celebración de un referéndum de independencia para el próximo 9 de noviembre. Sin embargo, no se celebrará "oficialmente" dada la suspensión dictaminada por el Tribunal Constitucional. El máximo intérprete judicial de la Constitución de 1978 estableció que el referéndum no se adecuaba al vigente ordenamiento jurídico.

Las autoridades catalanas (parlament, govern y ajuntaments) auspiciaron la celebración de un referéndum de independencia para el próximo 9 de noviembre. Sin embargo, no se celebrará "oficialmente" dada la suspensión dictaminada por el Tribunal Constitucional. El máximo intérprete judicial de la Constitución de 1978 estableció que el referéndum no se adecuaba al vigente ordenamiento jurídico.


En contra de las expectativas creadas en el Principado catalán, un referéndum como el que se celebró en Escocia el pasado 18 de septiembre no se llevará a efecto. El gobierno catalán ha decidido no proseguir con su intención inicial, lo que habría implicado un acto de desobediencia civil y una situación de ilegalidad, ante la cual algunas actividades de la Generalitat podrían haber visto suspendidas a instancias de los poderes públicos. Si el referéndum se realiza "extraoficialmente", sus consecuencias formales serán nulas pero, ciertamente, alimentarán las discusiones en curso respecto a la posible secesión de Cataluña del resto de España.


Actitudes sociales e independencia catalana


Las actitudes sociales que han condicionado el proceso del referéndum catalán oscilan entre los ancestrales seny y rauxa catalanes. Si el primero implica sensatez y una percepción razonada de las situaciones, el segundo constriñe a la adopción de acciones directas cuando se entiende que no existen alternativas más efectivas. En otras partes de España, el popular término de "justicia catalana" hace alusión a superar desenredos en situaciones percibidas como injustas mediante el recurso al albedrío personal y, en última instancia, a la fuerza.


Dado el presente contexto de confrontación centro-periferia sería engañoso no mencionar el uso en tiempos contemporáneos de las prácticas del denominado "trágala" centralista. Tales prácticas se han impuesto recurrentemente por gobiernos españoles --a menudo débiles y generalmente despóticos-- y han prevalecido sobre las aspiraciones canalizadas por las élites catalanas de que la suya fuese una comunidad propia y políticamente diferenciada del resto de España.


Se alude con frecuencia a los antecedentes históricos resultantes de la Guerra (civil) de Sucesión y a la rendición en Cataluña de las tropas austracistas del Archiduque Carlos al ejército del pretendiente borbónico, Felipe d'Anjou, el 11 de septiembre de 1714. Con la promulgación posterior de los Decretos de Nueva Planta las instituciones de autogobierno catalanas, así como sus derechos originados en la Edad Media, quedaron cancelados. En contraste a lo experimentado en el conjunto de España, durante los siglos XIX y XX, el Principado asistió posteriormente a un resurgir cultural y un crecimiento económico sin precedentes. Al igual que en Escocia se alude a la fecha simbólica de 1314 (batalla de Bannockburn frente al invasor inglés), el año 1714 ha sido forjado por los nacionalistas contemporáneos catalanes como el referente histórico por excelencia a fin de "reconquistar" la independencia justo tres siglos más tarde. Tanto el caso escocés como el catalán ponen de relieve la crucial importancia que el simbolismo y la recreación histórica poseen para la movilización independentista actual.


Otro elemento actitudinal que contribuye a explicar las proporciones e intensidad del último envite por la independencia en Cataluña concierne al denominado "efecto demonstración". Tras las manifestaciones masivas de los últimos años en la calles de Barcelona con motivo de la celebración de la Diada del 11 de septiembre, amplios sectores de la ciudadanía catalana han interiorizado la perspectiva de tener un estado propio en condiciones análogas a Francia, Noruega o la misma España, pongamos por caso. El empuje popular que sustenta tal aspiración ha sido alimentado por las repercusiones de la crisis económica desatada en 2007/ 2008, la cual ha provisto a los partidarios de la secesión con una "ventana de oportunidad" para proclamar el argumento de que Espanya ens roba (España nos roba).


El alegato de que con la independencia los catalanes serían más ricos que los "holgazanes y rapaces" españoles ha sido reiterado constantemente. La asunción última se basa en la convicción de que el objetivo de la independencia de Cataluña es alcanzable, dependiendo solamente de la determinación de sus gentes. Resta por comprobar cómo tal voluntad popular será también influida por los últimos acontecimientos relacionados con Jordi Pujol --presidente de la Generalitat desde 1980 hasta 2003 y figura paternal del nacionalismo contemporáneo catalán--, y su confesión de que había estado ocultado a las autoridades tributarias españolas dinero y activos financieros depositados en el extranjero.
Los activistas en pro de la independencia han desplegado una estrategia efectiva de movilización mediante la cual el endogrupo (Cataluña) debe mantenerse altamente motivado en su disputa frente al exogrupo (España). Todo ha apuntado al mantenimiento de una compulsión autoasertiva en torno al "Sí, podemos", encaminada a alcanzar el objetivo final de la independencia. Un enfoquede esta naturaleza está en línea con los "efectos" teorizados por Thorstein Veblen como el mejor medio para superar derrotas del pasado y convertirlas en éxitos del futuro. Según tal concepción, la derrota de 1714 por el pretendiente borbónico en la Guerra de Sucesión debería fructificar en una victoria si los catalanes así lo deciden. La creencia subyacente es que el pragmatismo puede hacer que el albedrío de las gentes construya las instituciones sociales según su conveniencia.


A diferencia de los escoceses, durante los últimos decenios los ciudadanos del Principado han expresado un alto grado de dualidad a la hora de identificarse a sí mismos (catalanes y españoles). En 1986, una encuesta efectuada en Escocia que incluía la que se ha conocido posteriormente como the Moreno question indicó que el 39 por ciento de los encuestados se consideraban "sólo escoceses", sin compartir en grado alguno su identidad con la de los británicos. Desde entonces el porcentaje de "exclusividad" se ha mantenido estable en el país caledonio con un leve incremento en los últimos tiempos. En 1985, un 9 por ciento de los encuestados en Cataluña manifestaron una identidad igualmente exclusiva (véase Cuadro). La asunción implícita con la formulación de la "cuestión Moreno" es que cuando los ciudadanos en autodefinidas naciones sin estado --como Escocia o Cataluña-- se identifican en un modo exclusivo ("Sólo catalán"; "Sólo escocés"), el resultado institucional de tal identificación tendería a ser igualmente exclusivo. Las demandas por el autogobierno se transformarían en reivindicaciones del derecho a la independencia y la secesión.


El porcentaje de quienes se consideraban "sólo catalanes" se ha incrementado de manera significativa en los últimos lustros. Según el barómetro realizado en noviembre de 2013 por el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, el 31 por ciento de los encuestados se sentían "sólo catalanes", más de triple que a mediados de los años 1980s. Debe hacerse notar que los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, organismo adscrito al Ministerio de Presidencia, y recogidos a finales de 2013, reflejaban un porcentaje de exclusividad identitaria catalana del 21 por ciento. La disparidad de los datos del CIS y del CEO es notoria y está sujeta a no poca disputa metodológica. Pero, en términos generales, cabe establecer que el incremento de la exclusividad identitaria de los catalanes ha sido de carácter contingente y ha crecido notoriamente en tiempos recientes. Recuérdese que en plena crisis económica, la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el reformado Estatuto de Autonomía catalán se interpretó como un revés para las aspiraciones de autogobierno en Cataluña, así como la negativa del gobierno de Rajoy en 2012 a negociar un nuevo sistema de financiación para Cataluña.


La necesidad de un acuerdo político entre los gobiernos español y catalán


En su conjunto, la mayor disimilitud entre los casos escocés y catalán atañe a la disparidad en la formulación y organización de sus respectivos referéndums. Alex Salmond y David Cameron firmaron el 15 de octubre de 2012 el "Acuerdo de Edimburgo", en representación de los gobiernos escocés y británico. Desde un primer momento, el "Acuerdo" otorgó legitimidad constitucional al referéndum, celebrado finalmente el pasado 18 de septiembre de 2014. No ha existido un compromiso semejante en el caso de los gobiernos catalán y español. Empero, la Generalitat prosiguió con su intención de organizar unilateralmente una consulta popular aduciendo que la ciudadanía catalana tenía el derecho democrático a decidir respecto a las siguientes preguntas y su secuencia: "(a) ¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado? (Sí/No); Y, si es así, (b) ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente? (Sí/No). Usted sólo puede responder a la cuestión de la letra (b) en el caso de que haya contestado "Sí" a la pregunta de la letra (a)".


Es un sinsentido impedir o restringir el autogobierno en naciones sin estado como Escocia y Cataluña dentro de una unión política como la europea. La UE proclama la subsidiariedad territorial como un principio guía en la formulación de políticas estableciendo que las decisiones sólo deben tomarse supranacionalmente si los niveles de gobierno estatal, subestatal y local no son capaces de realizarlo mejor. De igual manera, sería un peligroso disparate si no se observase puntillosamente la exigencia democrática aplicable a la legitimidad de todas las instituciones europeas y basada en el imperio de la ley. La discusión, la negociación y el acuerdo eventual son condiciones suficientes y necesarias para la vida política en el Viejo Continente. Las alternativas son la anomía y la disolución.

Luis Moreno es Profesor de Investigación del CSIC en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos. En 1986 se doctoró en la Universidad de Edimburgo con la tesis, Decentralisation in Britain and Spain the cases of Scotland and Catalonia. Sus últimos libros en castellanos son: La Europa asocial (Península, 2012) y Europa sin Estados (Catarata, 2014).

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