miércoles, 23 de agosto de 2017 08:21
Politica

La Fiscalía fijará su posición tras una "serena reflexión" sobre sacar las urnas

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El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado que el Ministerio Público llevará a cabo una "serena reflexión" sobre los comportamientos susceptibles de tener relevancia penal y fijará una posición sobre la intención del presidente de la Generalitat, Artur Mas, de sacar urnas a las calles el próximo 9 de noviembre para celebrar una consulta.

En el seminario sobre ética y liderazgo organizado en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), Torres-Dulce ha advertido de que "nadie puede estar por encima de la ley" sin citar expresamente al presidente catalán.

Al ser preguntado por la última acción anunciada por Mas, ha respondido: "La posición de la Fiscalía la fijaremos como siempre con una serena reflexión acerca de los comportamientos que tienen relevancia penal, pero no voy a hacer una declaración que vaya más allá del seminario".

"Nadie puede estar por encima de la ley, algo que con tanta frecuencia se olvida en las sociedades modernas", ha comentado el fiscal general del Estado durante su intervención en este foro, sin citar expresamente el caso del mandatario catalán, y recordando la magnífica locución que el juez Edward Coke dio al rey Jacobo I en 13 de noviembre de 1608 cuando le recordó que nadie estaba por encima de la legalidad vigente.

El máximo representante del Ministerio Público se ha referido también al descrédito que experimentan las instituciones en la sociedad españols: "Estamos en un punto casi prácticamente de no retorno en esa confianza de la ciudadanía en las instituciones que alcanzó el máximo nivel en la transición. Luego ha habido un descenso a los infiernos preocupante y abrumador", ha destacado.

Ha citado tres ejes para revertir esta situación. El primero basado en que los partidos lideren la regeneración democrática, el segundo centrado en la reforma de las Administraciones Públicas y el último basado en la necesidad de acometer cambios "profundísimos" en la Justicia para hacer más visible su independencia y lograr el abandono completo de los partidos políticos, en referencia a la designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.

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