domingo, 22 de octubre de 2017 23:15
Sociedad

"Los pisos de vivienda protegida con función social que han pasado de público a manos privadas podrían vulnerar la normativa vigente"

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Catalunyapress.-  Los pisos sociales dotacionales, destinados a colectivos específicos, que han pasado a manos privadas no pueden cambiar de uso. Esta es una de las principales conclusiones de un informe elaborado por el síndico de agravios de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, a raíz de la queja presentada por un grupo de vecinos de cuatro fincas de titularidad pública de Barcelona que están en desacuerdo, por la desprotección jurídica que les puede generar, con la transmisión del derecho a superficie de las viviendas donde viven en un fondo de inversión gestionado por una empresa privada.

El derecho de superficie es un nuevo régimen de tenencia residencial que el Ayuntamiento de Barcelona impulsa para facilitar el acceso a las viviendas de protección oficial y, según el cual, el adjudicatario adquiere la propiedad de la vivienda por un periodo de 75 años pero el sol queda en manos de la administración.

Los pisos que han sido motivo de queja son a Las Cortes, Sant Andreu y Nou Barris. Los pisos fueron construidos por Regesa, una empresa que depende del Consejo Comarcal del Barcelonès, en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Barcelona. Una fundación impulsada por el citado consejo comarcal tenía el derecho de superficie o propiedad de los edificios por 75 años, periodo durante el cual podía alquilar las promociones a particulares que cumplieran los requerimientos de acceso y sin variar su uso dotacional. Pero el año pasado una empresa privada compró el derecho de superficie tras ganar un concurso público y ahora es quien explota y gestiona los cuatro inmuebles.

Los vecinos y vecinas expusieron a la síndica que, con el cambio de titularidad, les preocupa la seguridad jurídica del alquiler de sus viviendas y las condiciones de acceso a las viviendas dotacionales que se aplicarán en un futuro. Los afectados denunciaron también determinadas cláusulas que se establecen en los nuevos contratos (como la que vincula el alquiler del piso al alquiler obligatorio de una plaza de parking, así como el pago de fianzas excesivas, cuotas de gastos de mantenimiento muy elevadas y la obligación de contratar un seguro por el contenido de la vivienda), y problemas de mantenimiento.

Vilà ha concluido que, aunque ahora la gestión sea privada, no se puede cambiar el uso y los pisos han de seguir teniendo un uso de vivienda social dotacional es decir destinarse a satisfacer las necesidades temporales de determinados col colectivos, como personas mayores o jóvenes, a precios assequibles-- y que cambiarlo podría suponer una vulneración de la normativa urbanística. En opinión de la defensora, los afectados no recibieron toda la información necesaria sobre el cambio de titularidad del derecho de superficie y la repercusión que ello podía tener en sus derechos contractuales y sociales.

Vivienda protegida con función social

Al tratarse de un sistema de vivienda protegida con función social, la síndica rechaza que se puedan establecer determinadas cláusulas contractuales que desvirtúen la finalidad social de los pisos o que se pueda aumentar el precio del alquiler. También cree que la no aceptación de las cláusulas no se puede utilizar de filtro para negar el acceso a determinadas personas con derecho a vivir en estas viviendas. La síndica es de la opinión que el Consorcio de la Vivienda debe continuar ofreciendo asesoramiento legal a los inquilinos y que los nuevos inquilinos que accedan lo hagan en las mismas condiciones que los demás arrendatarios de viviendas dotacionales de la ciudad.

La Ley de urbanismo define las viviendas sociales dotacionales como un sistema urbanístico público, es decir que se trata de viviendas, construidas en suelo de titularidad pública, destinados a satisfacer las necesidades temporales de determinados colectivos, como jóvenes, personas mayores o personas discapacitadas. Según el Plan General Metropolitano, este es el caso de las cuatro fincas supervisadas, donde viven en total unos 298 vecinos. Y, por tanto, en el caso hipotético de que el nuevo adjudicatario del derecho de superficie (una empresa privada) quisiera dar un uso diferente a las viviendas dotacionales, este hecho podría suponer una vulneración de la normativa urbanística y sería necesaria una actuación del Ayuntamiento para proteger la legalidad. En este sentido, Vila ha sugerido al consistorio que, de acuerdo con sus competencias en materia de urbanismo, realice las inspecciones periódicas oportunas y compruebe que el uso urbanístico de estas fincas es el previsto en el Plan General Metropolitano.

La síndica también ha incorporado en su informe una recomendación al Consorcio de la Vivienda de Barcelona para que vele para que la adjudicación, el acceso y la ocupación de las viviendas se realice de acuerdo con la normativa a aplicar a las viviendas de protección oficial en régimen de alquiler dotacional. De hecho, la voluntad del legislador es que se aplique a las viviendas dotacionales el mismo régimen jurídico que las viviendas de protección oficial en cuanto a los requisitos para acceder a ellos, los sistemas de adjudicación y de empleo, las rentas y los plazos , respetando siempre las especificidades que se establezcan en este sentido por la naturaleza de viviendas dotacionales destinados a colectivos específicos con necesidades de vivienda.

Sobre el mal estado de las fincas, los vecinos dijeron a la síndica que la que se encuentra en peores condiciones es la de Las Cortes, ya que han caído trozos de la fachada. Sin embargo, el resto de edificios presentan también problemas de mantenimiento, como un mal funcionamiento de las placas solares.

Al respecto, la síndica ha recordado al Ayuntamiento que es conveniente que el Consorcio de la Vivienda haga una mediación entre la propiedad del derecho de superficie y los inquilinos para asegurar el buen funcionamiento y el mantenimiento de los pisos en todas sus dimensiones . Vilà recuerda que se trata de viviendas dotacionales que pertenecen a la ciudad de Barcelona y que cuando finalice el derecho de superficie, las viviendas volverán a manos del consistorio.

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