martes, 22 de agosto de 2017 22:46
Sociedad

El Síndic de Greuges fomentará un recurso al TC contra la indemnización de Castor

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El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha anunciado este lunes que instará al Govern, al Parlament, a los grupos parlamentarios y al Defensor del Pueblo a promover un recurso ante al Tribunal Constitucional (TC) sobre el real decreto 13/2013 que permite indemnizar a las empresas concesionarias responsables de la plataforma de gas Castor, paralizada por los seísmos, para evitar que recaiga en los consumidores.

Lo ha dicho en rueda de prensa tras reunirse con entidades de consumidores, asociaciones de vecinos, sindicatos y colegios profesionales, a quienes ha trasladado las incongruencias legales y políticas de la norma, que "puede atentar contra el ordenamiento constitucional".

Ribó ha explicado que también se ha dirigido a sus homólogos autonómicos para invitarlos a promover recursos ante el TC sobre el decreto, a través de los órganos competentes, y ha agregado que de momento ha contactado con siete de nueve --falta Aragón y Castilla y León--, que han "escuchado con atención", ha precisado sin avanzar más detalles.

Como acción más inmediata --el recurso al TC tiene un plazo de tres meses--, el Síndic preparará una batería de enmiendas al texto para que no se pague nada hasta que "se depuren responsabilidades" y terminen los estudios que constaten la corrección del mantenimiento y la explotación de la planta de inyección de gas.

También prevé enmiendas para asegurar que los afectados de Terres de l'Ebre puedan cobrar por los daños materiales de los terremotos, puesto que puede vencer la responsabilidad patrimonial porque las aseguradoras les negaron la indemnización al considerar que los seísmos eran fenómenos naturales y, además, también pedirá que se les compense por los daños morales que supuso sufrir la angustia de los terremotos.

Encargará "estudios técnicos independientes" para saber si se puede invernar la plataforma como prevé el decreto, y también presentará otra enmienda para que todos los costes requieran que la Comisión del Mercado, el Consejo de Estado y el Colegio de Caminos dictaminen si se ha cumplido con todos los requisitos para garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma.

Una comisión técnica de la Sindicatura, entidades y colegios profesionales analizará y calculará el coste que supone invernar la plataforma, los daños de los afectados por los terremotos y los intereses de los treinta años de prolongación del pago, lo que Ribó ha pronosticado que superará los 4 millones de euros, que incluyen la indemnización de 1.350 millones.

TRANSGRESIÓN DE LA NORMATIVA EUROPEA

Ribó ha dicho que el decreto tiene "dos claras transgresiones de la normativa europea": la medioambiental, sobre los efectos del almacén de gas, y la competencial, puesto que la indemnización puede atentar contra los principios de la competencia de mercado.

Por ello, estudiará junto con las entidades "las vías" para llevarlo a la Comisión Europea, al Defensor del Pueblo europeo y al tribunal de Estrasburgo.

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