IU Madrid pide perdón por lo sucedido en Caja Madrid y exige responsabilidades

El Consejo Político Regional de IU-CM ha aprobado la noche de este viernes una resolución sobre Caja Madrid por abrumadora mayoría --109 votos a favor, 18 apoyos a otra resolución alternativa y tres abstenciones-- en la que piden perdón por la conducta "intolerable" de algunos miembros de su organización, exigen responsabilidades derivadas de la investigación interna y dicen de José Antonio Moral Santín que "la mentira es su modus operandi".

"Queremos que IUCM investigue lo sucedido en Caja Madrid/Bankia, que se depuren responsabilidades y se tomen las medidas oportunas. Por ello instamos a la comisión de investigación interna de IUCM que aclare las responsabilidades que hubiere y ahonde en la investigación de la querella que presentó IUCM en su día", recoge el documento.

Moral Santín, consejero de Caja Madrid, fue citado en la comisión interna de IU constituida el 20 de febrero de 2012. Allí aportó unos "supuestos certificados oficiales que se ha demostrado que no se correspondían con la realidad de sus ingresos", destaca la resolución. "Este hombre ha hecho de la mentira su modus operandi", lamentan.

Según la documentación que analiza el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, Moral Santín gastó 456.522 euros con tarjetas 'B' entre el 2 de enero de 2003 y el 1 de enero de 2012. Llegó a sacar dinero en efectivo de cajeros hasta 692 veces en nueve años. También pagó con la tarjeta en restaurantes, peajes, librerías y pastelerías. Moral Santín se dio de baja como militante de IU en julio de 2012, tras ser imputado por el caso Bankia.

La condena a Moral Santín por parte de quienes fueron sus compañeros no se ha hecho esperar a la resolución. Días atrás, Ángel Pérez, el que fuera coordinador general de IU-CM hasta finales del año 2000, prácticamente dos años antes de que Moral Santín entrase en la caja, defendía que nadie en la organización puede ser "responsable de actuaciones personales ajenas a lo visto y acordado en IU".

El también portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid subrayaba su rechazo frontal a las tarjetas black y su uso. "Ni apruebo la existencia de esas tarjetas ni por supuesto su utilización. Creo que perjudican mucho a IU", manifestaba Pérez.

PIDEN PERDÓN Y UNA COMISIÓN EN LA ASAMBLEA

La resolución, en la que definen a aquellos que hicieron uso de las tarjetas black como "personas sin escrúpulo" capaces de "burlar los controles en su propio beneficio", incluye una petición de perdón por parte de la organización. "Pedimos perdón a la sociedad porque personas nombradas por nuestra organización cometieran unos hechos que tachamos de conducta intolerable y que no puede merecer otra cosa por nuestra parte que nuestra más radical condena", acuerdan.

Izquierda Unida pide "celeridad y contundencia" a la Justicia tras la querella presentada por la formación hace casi un año contra los gestores de esta entidad. Además, exigen al PP que apoye la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, presentada a iniciativa de IU, ya que el Parlamento regional "no puede eludir el control político de una entidad que ha estado bajo la tutela del Gobierno autonómico".

También la apertura de "expediente fiscal a todas y cada una de las personas que tenían que velar por el correcto funcionamiento de Caja Madrid/Bankia" y que el expediente abierto a la empresa auditora Deloitte "se haga público y se le prohíba seguir operando, pues supone un despropósito económico pagar un dinero a quien no sabe ni quiere controlar el derroche y el despilfarro".

DEVOLUCIÓN DEL DINERO

Todo ello bajo la exigencia de que devuelvan el dinero todos los consejeros, especialmente los que fueron nombrados por IU aunque ya no formen parte de la organización, como José Antonio Moral Santín, Rubén Cruz Orive y Juan Gómez Castañeda. Esa reclamación se hace con independencia de que las cantidades gastadas "pudieran ser legales o no" ya que es "incompatible con principios éticos".

Asimismo, IU-CM defiende recuperar las ayudas públicas aportadas para que no sean soportadas por toda la ciudadanía. Para ello "es imprescindible que el Estado mantenga su participación en la propiedad de Bankia". De la entidad dicen que debería formar parte de "un polo de banca pública que venga a cubrir parte del vacío dejado con la desaparición de las cajas de ahorros, esto es, asegurar la inclusión financiera para quienes tienen menos recursos y no resultan de interés comercial para los bancos". Se trata, en definitiva, de "impedir su privatización con carácter general y, en ningún caso, sin antes recuperar el dinero aportado por el Estado".