La Audiencia de A Coruña deja sin efecto las imputaciones a los doce cargos de Adif

La Audiencia Provincial de A Coruña ha dejado sin efecto la imputación a las 12 personas que en el momento de la inauguración de la línea Ourense-Santiago, en la que se produjo el accidente ferroviaria del Alvia en Angrois, que ocasionó 79 muertes y más de un centenar de heridos, formaban parte de la cúpula del administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif).

Según confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG), el auto, que ha sido notificado este miércoles a las partes, deja sin efecto todas las imputaciones menos la del maquinista del tren, que vuelve así a ser el único imputado en la causa, que actualmente instruye el juez Andrés Lago Louro, en sustitución de Luis Aláez, quien fue el que imputó en mayo a estos cargos antes de dejar el Juzgado de Instrucción número 3.

La deliberación de los magistrados, que se pronuncian así favorablemente en relación a los recursos interpuestos por Abogacía del Estado y Fiscalía, trasciende cinco meses después de la decisión de Aláez.

Los cargos a los que ahora la Audiencia retira la imputación son el expresidente de Adif Antonio González Marín, el exdirector de Seguridad en la Circulación, Andrés Cortabitarte López; tres vocales del entonces consejo de administración de Adif --Juan Carlos Cáceres Díez (CC.OO.), Mercedes Rodríguez Arranz (por Fomento), Félix Díaz Martínez (UGT)--, Juan Ángel Mairal Lacoma y Carlos Bartolomé Marín, también vocales y además, exjefes de gabinete de cargos de Fomento.

También se retira la imputación a Javier Hurtado Domínguez, vocal por Fomento en el consejo de administración y exdirector de gabinete del exministro de Fomento José Blanco; Carlos María Juárez Cólera, que fue director de gabinete de Blanco en 2009 y posteriormente director general de Infraestructuras Ferroviarias de Fomento; Mercedes Caballero Fernández, también vocal del consejo de administración; Gerardo Luis Gavilanes Ginerés, otro vocal por Fomento; y el actual interventor general del Estado, José Carlos Alcalde.