jueves, 14 de diciembre de 2017 08:58
Economía

El Gobierno limita a un máximo de dos millones la captación por proyecto de 'crowdfunding'

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Las plataformas de 'crowdfunding' no podrán captar más de dos millones de euros por cada proyecto y tendrán que contar con un capital social inicial de 60.000 euros, según han detallado fuentes del Ministerio de Economía.

Las fuentes han reconocido que la captación de financiación para cada proyecto se podría fraccionar para esquivar este límite, si bien han asegurado que no existe un "excesivo temor" ante este supuesto. En cuanto a los requisitos de acceso, desde Economía han defendido que son "muy reflexionados" y han asegurado que no parece un "obstáculo elevado"para estas plataformas.

En este sentido, han precisado que se ofrece la alternativa de un seguro de responsabilidad civil por posibles daños en su actividad."No queremos llegar tarde a la regulación", han afirmado desde el departamento dirigido por Luis de Guindos.

El Gobierno ha realizado un análisis "profundo" de las regulaciones en los países punteros en 'crowdfunding', como Estados Unidos y Reino Unido, con el fin de garantizar una protección razonable del inversor y evitar fraudes "masivos". Además, el Ejecutivo persigue responder a las peticiones del sector para ganar más confianza de los inversores.

PROYECTO DE LEY

Los inversores minoristas podrán invertir hasta 3.000 euros anuales en un proyecto de 'crowdfunding' y un máximo de 10.000 euros en el conjunto de plataformas, según el proyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial aprobado este viernes por el Consejo de Ministros.

En rueda de prensa, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha señalado que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), junto con el Banco de España, serán los encargados de supervisar la actividad cuando ésta consista en la intermediación de préstamos.

La nueva normativa distingue entre inversores acreditados e inversores no acreditados. Los primeros son los institucionales, las empresas que superen determinados niveles de activo (1 millón de euros), cifra de negocio (2 millones) o recursos propios (300.000 euros) y todas las personas físicas o jurídicas cuyos niveles de renta superen los 50.000 euros al año o tengan un patrimonio superior a 100.000 euros y soliciten expresamente este tratamiento.

El Gobierno ha establecido que los inversores acreditados podrán invertir sin límite en este tipo de proyectos, mientras que los no acreditados, por su carácter minorista, tendrán límites anuales a la inversión (3.000 euros por proyecto y 10.000 euros en el conjunto de plataformas) y deberán requerir la firma manuscrita por la que manifiestan, antes de adquirir ningún compromiso de pago, haber sido advertidos de los riesgos de este tipo de inversiones.

El Ejecutivo también busca velar por la transparencia, por lo que la nueva regulación garantizará que todos los inversores tengan acceso a información suficiente sobre aspectos como la propia plataforma, el promotor y las características del vehículo utilizado para captar la financiación, así como sobre todos los riesgos que implica la inversión en este tipo de proyectos.

PREAVISOS DE ENTIDADES DE CRÉDITO

Por otra parte, la norma establecerá la obligación por parte de las entidades de crédito de ofrecer preavisos de al menos tres meses a las pymes cuya financiación vaya a ser cancelada o notablemente reducida (un 35% o más).

El objetivo de esta medida es facilitar a estas empresas los ajustes necesarios para reorientar sus fuentes de financiación con rapidez. Junto con el preaviso, se otorga a las pymes el derecho a obtener de la entidad información sobre su posición financiera, historial de pagos, extracto, calificación crediticia, entre otras cosas, y su calificación crediticia de conformidad con la metodología específica para pymes que desarrollará el Banco de España ('rating pyme').

Esta solicitud deberá ser atendida en el plazo de 10 días hábiles y de forma gratuita. Además, podrán solicitar estos datos en cualquier otro momento y de forma incondicionada, petición que deberá atenderse en el plazo de 15 días y a un coste reducido.

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