domingo, 25 de febrero de 2018 20:49
Sociedad

El juez Castro rechaza archivar la imputación de Matas por la contratación de Calatrava

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El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha desestimado archivar la imputación del expresidente del Govern Jaume Matas, en el marco de la pieza número tres de la causa, centrada en la presunta contratación 'a dedo' del arquitecto Santiago Calatrava, por 1,2 millones de euros públicos, para la elaboración del anteproyecto de una ópera de Palma que nunca llegó a ser construida.

Matas, quien se encuentra en prisión desde el pasado 28 de julio por la primera pieza juzgada del caso Palma Arena, solicitó el sobreseimiento de su imputación después de que el magistrado acordara archivar las investigaciones tanto para Calatrava como para Francesc Fiol, conseller de Educación y Cultura en la última legislatura de Matas (2003-2007).

Mediante el auto que ha dictado este martes, Castro recuerda las diligencias que quedan pendientes por practicar -para los próximos 6 y 7 de octubre hay citados hasta 17 testigos-, de modo que "habrá que esperar al resultado que arrojen aquéllas y las que de las mismas pudieran derivarse" para valorar si continúan desprendiéndose indicios de criminalidad contra el expresidente balear.

En la misma resolución, el magistrado oficia a la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades a fin de que certifique si en sus archivos obra el trabajo desarrollado por Calatrava en virtud del contrato suscrito el 27 de abril de 2007 para la construcción de la Ópera.

Una petición que se suma al requerimiento efectuado al Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales (Ibisec) -el órgano dependiente del Govern que se encargó de tramitar la contratación de Calatrava- para que del mismo modo certifique la existencia del encargo.

El propio Calatrava apuntó en el marco de estas pesquisas que Matas fue la persona que solicitó sus servicios para realizar un desarrollo inicial de la remodelación del Moll Vell que culminase con el levantamiento de un teatro de la Ópera, lo que fue perfilándose en varias reuniones de trabajo en la sede del Ejecutivo autonómico, en las que estuvieron presentes tanto Matas como el arquitecto y su equipo.

El ingeniero valenciano negó, sin embargo, que el anterior Govern del PP le favoreciese de forma irregular al adjudicarle, por encargo de Matas, la elaboración del anteproyecto, al tiempo que rechazó tajante haber pagado comisiones por recibir este encargo.

De hecho, su defensa alegó que es "habitual, y así lo permite la Ley de Contratos del Estado", que este tipo de desarrollos urbanísticos se lleven a cabo mediante un procedimiento de adjudicación directa y no por medio de un concurso público, "cuando se quiere contratar a un arquitecto de la singularidad y creatividad de Calatrava".

FIANZA CIVIL DE 1,6 MILLONES DE EUROS PARA MATAS

Se da la circunstancia de que Castro decretó contra él una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros a petición de la Fiscalía Anticorrupción ante los posibles perjuicios económicos que se derivaron de la contratación de Calatrava. Las acusaciones apuntan a que el exministro habría incurrido en delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación.

Sin embargo, la defensa de Matas negó que su patrocinado hubiera cometido delito alguno en la adjudicación del anteproyecto y tachó de "infundios" las acusaciones de la Fiscalía y de la letrada de la Comunidad Autónoma. Además estimaba la petición "no ajustada a hechos ni a derecho", dado que "se apoya en indicios incriminatorios, que no son tales, sino sólo sospechas o conjeturas que en modo alguno pueden legitimar un procedimiento penal" contra él.

CASTRO: "SE DA POR SUPUESTO QUE MATAS NO DESCENDIÓ A PIE DE OBRA"

Frente a ello, Castro manifestó en su auto que "se da por supuesto que no descendió a pie de obra, faltaría más, pero existen sobrados indicios de que marcó las directrices" a fin de disponer de los servicios del ingeniero.

Tanto es así que, según el instructor del caso Palma Arena, el exjefe del Ejecutivo autonómico dio instrucciones para que se ultimara la tramitación del expediente de contratación "a costa de lo que fuera, incluida la falta de respeto a la Ley y a la realidad, al sólo objeto de que se resolviera a favor de la persona ya decidida y para que ésta fuera electoralmente utilizada sin importarle que el erario público pagara por ello".

El juez insistía además en que los términos de la contratación de Calatrava ya estaban decididos antes de que se materializase, según se desprende de la declaración vertida por los demás imputados de esta pieza de la causa.

Cabe recordar que el anteproyecto de la ópera de Palma no se llegó a ejecutar debido a una prohibición por parte de la Junta Electoral en 2007, puesto que se pretendía presentar poco antes de las elecciones autonómicas y municipales de ese año.

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