Burgos afirma que la reforma de las mutuas es "oportuna, inaplazable y más que justificada"

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha afirmado este miércoles que la reforma de las mutuas que ha planteado el Ejecutivo es "oportuna, inaplazable y está más que justificada", dado que su regulación data de 1966 sin que desde entonces se haya abordado una revisión integral.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Empleo del Congreso, Burgos ha destacado la "honda raigambre" que las mutuas tienen en la sociedad española y también su importancia, dado que protegen a más de 14,5 millones de trabajadores, gestionan más de 9.000 millones de euros de cotizaciones sociales públicas y dan empleo a unos 21.000 trabajadores.

Un peso que se ha ido incrementando en los últimos años, "básicamente con gobiernos socialistas", que han ampliado las funciones de estas entidades y también el número de trabajadores protegidos, lo que justifica que este modelo de colaboración con la Seguridad Social se deba "preservar" aunque "actualizando, modernizando y adaptando" las mutuas a "las nuevas realidades" de la sociedad.

Por ello, el Ejecutivo plantea esta revisión de la normativa de mutuas, guiado por las recomendaciones del Pacto de Toledo y de la ley socialista de reforma de la Seguridad Social aprobada en 2011 y con la "convicción de que las mutuas deben entrar en esta modernización general" del sistema que se ha ido aprobando esta legislatura para lograr su "sostenibilidad económica, equidad interna y adaptación normativa".

IMPORTANTE PARA TODOS

"Esta reforma facilitará el desarrollo de la actividad de las mutuas, lo que redundará en un mejor funcionamiento del sistema de Seguridad Social en su conjunto y, por ende, en una mejor atención a empresarios y trabajadores", ha insistido el responsable gubernamental, precisando que los cambios propuestos supondrán una modernización de la gobernanza de estas entidades, aumentarán la transparencia en su gestión y eliminarán trabas en su funcionamiento.

Para ello, se "reforzarán" los instrumentos de colaboración público-privada, se "reafirmará el compromiso" con un "mejor aprovechamiento" de los recursos económicos, asistenciales y de gestión; se ganará "calidad, utilidad y eficiencia" en las prestaciones del sistema; y se "simplificarán" trámites sin perder por ello control de los recursos públicos.

"Y esta mejora no alcanzará sólo a trabajadores, empresas y al tejido económico y social en su conjunto, sino que de forma especial repercutirá positivamente en el sistema de la Seguridad Social, que atenderá mejor y dispondrá de más recursos para contribuir a la sostenibilidad y a una mejor cobertura", ha añadido Burgos.

PUERTA ABIERTA A LOS CAMBIOS

Burgos también ha aprovechado su comparecencia ante los grupos parlamentarios para manifestar su máxima disposición a desarrollar un "diálogo fructífero" que permita incorporar "aportaciones constructivas" de la oposición al proyecto de ley, que se tramitará en el Congreso tras el verano.

"Estamos ante una ocasión importante, relevante, para atender las mejoras en el papel de las mutuas, que tienen importantísimas funciones públicas en el sistema de la Seguridad Social. Es una muy buena oportunidad para hacer una regulación completa y estable en la materia, y nuestra disposición (a incluir cambios propuestos por los grupos) es totalmente favorable", ha reiterado.

Siempre, ha añadido, con la vista puesta en conseguir un sistema "más sólido, eficiente y justo" porque "lo ineficiente o injusto no protege a nadie y sólo encubre el vicio de no reformar". "No tenemos derecho a no revisar lo que no funciona bien o puede mejorarse. No hay que acartonarse en posturas inmovilistas, negando la conveniencia de las reformas o pensando que las cosas pueden seguir siendo siempre igual, porque los cambios pueden y deben ser positivos y esta reforma se hace para proteger, preservar y hacer más eficiente y ágil el sistema", ha insistido.

Burgos también ha destacado el diálogo social que se ha producido antes de aprobar el proyecto de ley, un hecho "evidente" habida cuenta de los cambios que ha experimentado el texto en relación con el anteproyecto, y ha insistido en que la oferta de diálogo a las formaciones políticas "no es retórica sino clara y diáfana", siempre y cuando los cambios se hagan con la vista puesta en mejorar la regulación de las mutuas, su transparencia y su seguridad jurídica, desde un punto de vista "equilibrado" y buscando la "eficacia" de su actividad.

NIEGA QUE SE PERSIGA PRIVATIZAR

En este punto, el secretario de Estado ha negado todas las acusaciones de la oposición sobre que el objetivo oculto del Gobierno con esta norma sea privatizar por la puerta de atrás la sanidad pública. "En esta comparecencia me han llamado desde privatizador acérrimo hasta bolchevique. Yo me definiría como reformador responsable", ha ironizado.

Así, ha reprochado a la oposición --particularmente al PSOE-- que crea que las cosas "están muy bien como están" y por eso se niegue a ir más allá de "pequeñas reformitas" y "parches" en este ámbito, a pesar de que las irregularidades ocurridas en años de gobiernos socialistas puestas de manifiesto recientemente por el Tribunal de Cuentas hacen más que evidente la necesidad de cambios.

"No debe haber agujeros negros ni parcelas oscuras en la Administración, y las mutuas han sido unas parcelas desatendidas de forma manifiestamente improcedente, y ya era hora de que nos tomáramos la ocupación de diseñar un marco jurídico estable, de transparencia y de garantías", ha defendido, recordando que precisamente la normativa actual es la que permite "enormes dosis de discrecionalidad y arbitrariedad" y "falta de coherencia y seguridad jurídica".

En este punto, ha matizado no obstante que "descalificar" a un sector completo por el "comportamiento de unas personas más o menos singulares y concretas" es "una muestra de irresponsabilidad" y ha recomendado a los socialistas que, en lugar de "jugar al brochazo gordo", apoyen una ley que "asienta el carácter público" de los recursos que gestionan las mutuas e incrementa el control sobre ellos, manteniendo el carácter privado de estas entidades y su capacidad de gestión.

"Llama la atención que ahora se formule esa pretendida observación de privatización que no hubo cuando se les otorgaban a las mutuas numerosísimas funciones que no tenían nada que ver con su origen histórico. Este proyecto de ley no atribuye a las mutuas ninguna función que no tengan ya", ha recordado Burgos.