lunes, 11 de diciembre de 2017 10:24
Sociedad

El Gobierno trabaja en una ley que abre la puerta a que los discapacitados puedan decidir sobre su esterilización

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El Gobierno trabaja en un anteproyecto de ley que abre la puerta a que las personas con discapacidad tengan potestad para poder decidir sobre su esterilización, según se desprende de una respuesta del Gobierno en el Congreso dirigida a la diputada del PSOE, Laura Seara, a la que ha tenido acceso Europa Press. Se trata de una reivindicación del sector de la discapacidad desde hace muchos años.

La socialista preguntaba al Gobierno cuándo pensaba remitir a las Cortes Generales el proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Jurado, que afecta a los requisitos para que una persona pueda ser jurado y que en la actualidad restringe la presencia de las personas con discapacidad. "El Gobierno tiene previsto remitir a las Cortes Generales un proyecto de Ley para dar cumplimiento al artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en lo relativo al ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida, que afectará a la Ley de Enjuiciamiento Civil y al Código Civil, entre otras normas", indica el Gobierno.

Así, indica que la reforma proyectada considera que, para adaptar la legislación al espíritu y a la terminología de la Convención, hay que modificar los procesos judiciales regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil de determinación de las instituciones de protección y apoyo para la toma libre de decisiones de las personas con discapacidad que las precisen, "así como el correspondiente a los ingresos no voluntarios o a la esterilización".

A su vez, el Ejecutivo considera que es preciso modificar la legislación sustantiva y procesal, a fin de garantizar que las personas que no están en condiciones de gestionar por sí solas sus intereses cuenten con los apoyos y complementos a su capacidad estrictamente necesarios para su protección, y para que estos apoyos cumplan los requisitos de proporcionalidad y adecuación al fin perseguido.

PRESERVAR SUS DESEOS

Igualmente, insiste en que hay que garantizar el respeto a los derechos de la personalidad de las personas con discapacidad y, en particular, en que las medidas de apoyo y protección establecidas en su beneficio se articulen tomando en consideración sus deseos y preferencias.

Esta reforma se orientará también a intervenir lo menos posible en la esfera personal y patrimonial de la persona necesitada de una institución de protección y apoyo determinada judicialmente, de forma que ésta complemente su capacidad de obrar en función de sus circunstancias concretas. Igualmente, pretende modificar los aspectos que se consideran necesarios que afectan al ejercicio de los derechos fundamentales de dichas personas, entre otros, el derecho al voto, a ser miembro de un Tribunal del Jurado o a prestar el consentimiento informado en los supuestos en los que sea un paciente al que se le presta asistencia médica.

Por ello, el Gobierno precisa que estas reformas afectan al Código Civil para regular, entre otros aspectos, las instituciones de protección y apoyo y los supuestos en los que se precisa su constitución; las voluntades anticipadas; los requisitos para el ejercicio de actos jurídicos patrimoniales; o la responsabilidad civil de las personas con discapacidad necesitada de una institución de protección y apoyo.

INICIO DEL PROCESO

Según explica, el Ministerio de Justicia, consciente de la necesidad de adaptar la normativa a la Convención internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, inició los trámites previos para acometer dicha reforma legislativa, celebrando para ello contactos y reuniones con dos expertos en la materia así como con la Abogacía del Estado.

Este grupo de trabajo ha realizado un estudio "detallado" de la normativa existente, tanto a nivel nacional como autonómico, de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, del Derecho comparado, y de la normativa comunitaria e internacional, así como de los datos estadísticos obrantes en el Instituto Nacional de Estadística, y de los estudios multidisciplinares realizados sobre la cuestión y sobre la situación real de las personas con discapacidad en los diferentes aspectos y fases de su vida.

Además, ha mantenido contacto con las diferentes asociaciones y organizaciones sociales implicadas en dicha cuestión, quienes han realizado sus propuestas y han expuesto sus reivindicaciones, aportando los trabajos e informes elaborados tras años de estudios.

Con todo ese material, y tomando como base el borrador de anteproyecto que se elaboró en la anterior legislatura, "se está ultimando un borrador de anteproyecto", indica el Ejecutivo 'popular'.

Una vez finalizado dice que se pondrá en común con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se dará traslado a las asociaciones afectadas, con la finalidad de que resulte un texto "lo más consensuado posible".

Entre otras asociaciones y colectivo, esta reforma legislativa es una de las reivindicaciones del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). "Nadie puede tomar por otra persona una decisión que afecta al propio cuerpo y que implica privar a alguien de su función reproductiva", ha señalado en alguna ocasión su presidente, Luis Cayo, que ha reclamado, en más de una ocasión, la derogación de la esterilización forzosa que el artículo 156 del Código Penal permite en las "personas incapacitadas que adolezcan de grave deficiencia psíquica".

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