La PAH exige al Gobierno que cumpla el fallo europeo y paralice todos los desahucios

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) ha exigido este jueves al Gobierno que cumpla el fallo del Tribunal de Justicia de la UE, que considera que la Ley Antidesahucios de 2013 vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y la directiva de protección de los consumidores.

En este sentido, el movimiento reclama paralizar todas las ejecuciones hasta que se modifique la normativa, que debería incluir una moratoria para todos los desahucios, la dación en pago retroactiva y el alquiler social de las viviendas vacías.

Representantes de la plataforma de Madrid, Murcia y Cataluña han valorado en una rueda de prensa celebrada en la Carrera de San Jerónimo de la capital la sentencia europea, que responde una cuestión prejudicial planteada por la Audiencia de Castellón.

Para la PAH, el fallo "deja claro" que la normativa hipotecaria española "viola los derechos fundamentales de las personas y deja al deudor hipotecario en una situación de desigualdad e indefensión", que es precisamente uno de los argumentos de la plataforma para defender la inconstitucionalidad de la ley, y que finalmente fue recogido por el PSOE en su recurso ante el Tribunal Constitucional (TC).

RETOMAR LA ILP

Por eso, la Plataforma cree que al Gobierno del PP "no le queda otra opción" que modificar la normativa y "aprobar las medidas" que se recogieron en la iniciativa legislativa popular (ILP) que se presentó el año pasado en el Congreso acompañada por más de un millón y medio de firmas, y que pese a ser tramitada en las Cortes finalmente no dio como resultado una ley que respondiera a las aspiraciones de sus proponentes.

En concreto, la PAH plantea tres exigencias "de mínimos" como son la paralización de todos los desahucios, la aprobación de la dación en pago con carácter retroactivo y la puesta en marcha de alquileres sociales de las viviendas vacías que actualmente están en manos de los bancos. "Se trata de algo muy sencillo y que daría una solución rápida, efectiva y posible a la emergencia habitacional que vive la sociedad", afirma la plataforma.

Hasta entonces, también considera que deberían paralizarse todas las ejecuciones hipotecarias "ilegales" que están en marcha en virtud de una legislación que "vulnera los derechos humanos" y que fue aprobada por un Gobierno "irresponsable" al "dictado de las entidades financieras", según ha llegado a decir Rafa Mayoral, de la PAH de Madrid.

"Son procedimientos nulos de pleno derecho, y así deberían estimarlo los jueces", ha añadido Mayoral, que recuerda que tanto el Ejecutivo como los jueces tienen la obligación de cumplir "inmediatamente" las resoluciones del TJUE declarando "nulos" los desahucios.

Preguntados sobre si volverán a reunirse con los grupos parlamentarios para tratar de impulsar de nuevo su iniciativa, los representantes de la PAH han respondido que "no es el momento de volver a andar un camino ya recorrido" sino de "hacer cumplir por parte de los representantes políticos un mandato claro y conciso" de la sociedad.

"La PAH exige a todos y cada uno de los partidos que se sienten defensores de los derechos humanos y de la democracia que legislen por la vía de urgencia y garanticen, de una vez por todas, el derecho a una vivienda en nuestro país", añaden en el manifiesto que han presentado en su rueda de prensa.

MÉRITO DE LA SOCIEDAD

Por otra parte, el colectivo ha puesto en valor que tanto las sentencias judiciales amparando a los afectados por la "estafa hipotecaria" como el reconocimiento de que la ley Antidesahucios española es "ilegal y vulnera los derechos humanos" son "victorias de la ciudadanía organizada".

"Todo esto no se hubiese producido sin el trabajo continuado y solidario de miles de personas, sin la autotutela de nuestros derechos y sin la fuerte movilización social", asegura la PAH. En este sentido, Xabi Martínez, de la PAH de Terrassa, ha apuntado que los ciudadanos "no podemos esperar de brazos cruzados a que el Gobierno garantice nuestros derechos".

Además, la plataforma reprocha al Ejecutivo que su "única respuesta" en todos estos años de movilización haya sido "menospreciar el clamor de la calle, culpabilizar a las víctimas de la estafa, multar a los que se manifestaban pacíficamente denunciando a los culpables y agredir a quienes se concentraban en las puertas de las casas para impedir los desahucios".

En este sentido, Mercedes, de PAH Vallecas, ha recordado que "cuando se producen violaciones de los derechos humanos, desobedecer las leyes injustas y señalar a los responsables políticos que las redactan y aplican se convierte en un deber de toda la ciudadanía".

Su compañero de Murcia Paco Morote ha añadido además que la PAH "no sólo mantendrá la presión social sino que intentará incrementarla en la medida de los posible", y ha instado a los españoles a reflexionar sobre qué se está haciendo con las víctimas de las hipotecas a la vez que se gastan miles de millones de euros en rescatar a entidades como Catalunya Banc, que "han inflado sus cuentas de beneficios a costa del sufrimiento de la gente".

PP Y UPYD SE HAN QUEDADO SOLOS

Finalmente, tanto Mayoral como Martínez han subrayado que el PP "se ha quedado solo defendiendo una ley ilegal que viola sistemáticamente los derechos humanos" y han criticado también a UPyD, que este miércoles votaron junto los 'populares' en contra del acuerdo alcanzado por el resto de grupos políticos españoles en el Parlamento Europeo para enviar sendas cartas al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para exigir que se paralicen los desahucios en marcha en aplicación del fallo europeo.

Al finalizar la rueda de prensa, los miembros de la PAH han coreado 'Sí se puede, sí se puede' y otras consignas. Por otra parte, está previsto que el ministro de Economía, Luis de Guindos, informe a la comisión parlamentaria del ramo este martes sobre las medidas que se pondrán en marcha para dar cumplimiento a la sentencia del TJUE, en una comparecencia que ya estaba prevista con anterioridad para informar sobre la coyuntura económica general.