viernes, 20 de octubre de 2017 01:35
Sociedad

Anticorrupción pide 296.000 euros de fianza para el exsecretario de UGT-A y un dirigente de CCOO-A

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La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este miércoles sendas fianzas de responsabilidad civil de 296.000 euros para el exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y para el secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO-A, Antonio Perianes, ambos imputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares por su papel en relación a las ayudas recibidas por la multinacional del tabaco Altadis.

El primero en comparecer ante la juez Mercedes Alaya ha sido Fernández Sevilla, quien se ha acogido a su derecho a no declarar ante la instructora, que le ha imputado un delito de malversación de caudales públicos, tras lo que se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que el Ministerio Público ha pedido una fianza civil de 296.000 euros para Fernández Sevilla y que se declare la responsabilidad civil subsidiaria de UGT a nivel estatal y autonómico.

Una vez concluida su comparecencia ante la juez instructora, el propio imputado ha atendido a los periodistas para manifestar que "le he dicho a su señoría que me atengo a mi derecho a declarar y aclarar todo lo que crea conveniente", pero ha indicado que no puede declarar en este momento porque no se le garantizan sus derechos, no se le han "clarificado" los hechos que se le imputan y no se ha aportado a la causa toda la documentación.

Al hilo de ello, el imputado ha añadido que "estamos ante uno de los tres poderes del Estado, el Ministerio de Justicia", ante el que "los imputados tenemos una serie de derechos, como es que se garanticen nuestros derechos".

"Cuando se garanticen mis derechos, lógicamente declaro", ha aseverado el imputado, que, por ello, ha solicitado a la instructora que "se me clarifiquen los hechos" y que "se aporte toda la documentación que hay en el procedimiento", pues por ejemplo no se ha incorporado a la causa el atestado relativo a Altadis, tras lo que estudiará la documentación con su letrado "para poder hacer la declaración correspondiente".

SÓLO FIRMÓ "UN ACUERDO DE BASE"

Francisco Fernández Sevilla ha asegurado que "no tiene nada que ocultar", pues su intervención se limitó a firmar "un acuerdo de base que ustedes conocen y pueden valorar" en relación a la multinacional del tabaco Altadis.

De otro lado, el exsecretario general de UGT-A ha eludido pronunciarse a preguntas de los periodistas sobre el caso de las presuntas facturas falsas de UGT-A que instruye el juez de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez.

La juez también ha imputado un delito de malversación al secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO-A, Antonio Perianes, quien igualmente se ha negado a declarar y para quien la Fiscalía ha pedido la misma fianza civil de 296.000 euros, interesando además a la juez que declare la responsabilidad civil subsidiaria de la Federación Agroalimentaria de CCOO-A.

La acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía no ha solicitado ninguna medida para ninguno de los dos imputados, han explicado fuentes del caso.

La juez también había citado este miércoles a Cristina Ruiz Castillo, que fuera gerente de Promi, y al exsecretario general de Empleo de la Junta Rafael Herrera Gil, aunque ninguno de ellos ha comparecido ante la instructora.

ALTADIS

En el auto de imputación de Fernández Sevilla y Antonio Perianes, la juez cita 15 irregularidades recogidas en el informe pericial elaborado por la Intervención General del Estado que "de forma generalizada son aplicables a todos los expedientes objeto de la instrucción", entre ellos el de Altadis, "una empresa de ámbito nacional que desde 2000 venía efectuando un ajuste de su personal mediante extinción de contratos laborales a través de jubilaciones y bajas incentivadas".

La juez relata que "los resultados obtenidos no fueron suficientes" para lograr la competitividad de la empresa y, por ello, se diseñó un nuevo plan industrial "que conllevaría un nuevo ajuste de plantilla" que se llevó a cabo a través de un ERE en el año 2005, aunque el 3 de diciembre de 2004 Altadis firmó un acuerdo con UGT, CCOO y la Dirección de Trabajo "por la que ésta última se comprometía a pagar una parte de la póliza de seguros de prejubilación para trabajadores con edades a partir de 51 años, siendo el resto asumido por la empresa".

"Consecuencia" de este acuerdo, en julio de 2005, Altadis y la Dirección de Trabajo firmaron un anexo "por el que quedó fijado el compromiso de la Junta de abonar 26 millones de euros a una póliza de seguros para trabajadores, de los que no consta relación nominal indispensable para identificar a los afectados, de Sevilla y Cádiz, 'con una de las compañías de seguros con las que habitualmente trabaja la Junta', compromiso que no fue autorizado por el Consejo de Gobierno".

"CHEQUE EN BLANCO CONTRA LOS FONDOS ANDALUCES"

Finalmente, el ERE de 2005 de ámbito nacional se aprobaría el 3 de agosto de 2005, autorizando a Altadis a extinguir las relaciones laborales de hasta 898 trabajadores de su plantilla, entre los que se encontrarían 176 del centro de Cádiz y 209 del de Sevilla, asevera Alaya, que concreta que el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero y el exdirector de IDEA Miguel Ángel Serrano firmaron un convenio de colaboración el 19 de febrero de 2008 "por el que se materializarían las ayudas sociales derivadas" del acuerdo de diciembre de 2004 para el pago de tres pólizas.

Este convenio de colaboración "no recogía el importe de las ayudas, lo que supuso un cheque en blanco contra los fondos andaluces, que serían utilizados discrecionalmente y sin control, modificándose las prestaciones de los asegurados, lo que provocaba automáticamente el incremento de las primas a satisfacer por la Junta", de manera que "del inicial compromiso de abonar 26 millones de euros se llegaría a la cifra de 34,4 millones".

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