El fiscal pide cárcel para tres exdirectivos de Adigsa en la etapa de Jordi Pujol

El fiscal Emilio Sánchez Ulled reclama 10 años de prisión e inhabilitación para el exconsejero delegado de Adigsa Josep Antoni Fontdevila, y 9 años y 6 meses de cárcel para otros dos exaltos cargos de la empresa pública, Jordi Huguet y Xavier Sala, por irregularidades durante la etapa de gobierno de Jordi Pujol.

El caso se empezó a investigar en el 2005 a raíz de una querella de la Fiscalía, después de que el entonces presidente de la Generalitat Pasqual Maragall (PSC) denunciara en el Parlament el cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de obras públicas por parte de los anteriores gobiernos de CiU, con Pujol al frente. El expresidente de Adigsa y diputado de CiU Ferran Falcó también estuvo imputado, si bien el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) archivó su causa al no hallar indicios de que su intervención en los hechos ni de que estuviera al tanto de un sistema de contratación irregular.

Fontdevila, Huguet y Sala están acusados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en relación al supuesto pago de comisiones a un intermediario, y a su implicación en la elaboración de 22 expedientes irregulares de rehabilitación de pisos de segunda mano del Pla Jove de la Generalitat.

Según el fiscal, Fontdevila "impuso en la estructura de Adigsa la extraña intervención de una persona ajena a la misma, el también acusado José María Penín, al cual presentó como un supuesto técnico externo, y lo insertó arbitrariamente en el proceso de tasación, decisión y adjudicación a empresas particulares" de obras de rehabilitación de pisos de segunda mano. Acerca de ese fichaje, apunta, ni constaba "el motivo" ni existía "justificación para ello". Se construyeron, asegura, expdientes de adjudicación "a medida y lapidando fondos públicos".

El fiscal también detalla que tanto Fontdevila como el intermediario "compartían militancia y actividad políticas en CDC, amén de haber coincidido laboralmente", tanto en el partido como en el departamente de Benestar de la Generalitat.

El escrito de la acusación pública sostiene que el exconsejero delegado de Adigsa "ordenó caprichosamente e injustificadamente" el pago a Penín de una suma que oscilaba entre los 3.000 y los 4.000 euros mensuales "para labores de tasación que nunca existieron". En total, calcula que Fontdevila desvió 29.000 euros de fondos públicos para pagar al intermediario.