sábado, 21 de octubre de 2017 10:36
Sociedad

El Síndic de Greuges sugiere controlar la subida de precio de la T-10

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l Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha sugerido este lunes la sustitución de la T-50/30 por una tarjeta T-40/30 que, según un estudio se adaptaría mejor a las necesidades de desplazamiento de los usuarios en un mes, y que la T-10, el título más utilizado, nunca pueda sufrir incrementos anuales superiores al Índice de Precios de Consumo (IPC).

En rueda de prensa en el Parlament, el Síndic ha advertido de que en lo que llevamos de año ha recibido 720 quejas referidas al transporte público y ha considerado que se trata de un número "considerable".

Tras entregar un informe sobre el precio del transporte público a la presidenta del Parlament Núria de Gispert, ha reclamado la homogeneización de las tarifas en el transporte integrado metropolitano en Catalunya para unificar los criterios de acceso, que pueden ser diferentes según el municipio.

Ha criticado que haya hasta "47 sistemas diferentes municipales y supramunicipales de tarifa social".

Además, ha exigido la ampliación de los supuestos actuales para adquirir la 'T-trimestre atur' para que puedan comprarla aquellas personas que se les ha terminado el paro y cobren una prestación inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y que actualmente no tienen derecho.
TÍTULOS PERSONALIZADOS

Con respecto a la creación de un nuevo título de transporte más personalizado según las necesidades del usuario que está creando el Govern, Ribó se ha mostrado pesimista con el ritmo de su implementación y ha augurado "un año y medio cómo mínimo" hasta que esté activo.

Ha pedido que, mientras no se implemente el proyecto, que entrará en fase de concurso los próximos meses, se busquen maneras para hacer duplicados de tarjetas personalizadas de larga duración cuando haya habido robo o pérdida, con los debidos mecanismos para evitar el fraude.

Ribó también ha reclamado que se mejoren los servicios de atención y reclamación del cliente en las empresas de transporte, y que las empresas que prestan servicios de transporte público se adhieran al arbitraje de consumo antes que termine este año, para cumplir con la normativa europea.

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