viernes, 15 de diciembre de 2017 22:48
Economía

Zurich se adjudica el lote de 13 edificios del Govern por 201 millones

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Zurich Insurance Club se ha adjudicado el lote de 13 edificios que el Govern había puesto a subasta por 201 millones de euros para cuadrar las cuentas de este año, ha informado la Generalitat este viernes en un comunicado.

El coste final de la adquisición ha sido un 17% más alto que el precio de partida que había fijado la Generalitat (172 millones), en un segundo intento de vender los edificios, después de que la primera subasta fracasara por tener un precio de partida de 215 millones.

Los edificios están situados en el centro de Barcelona y comprenden una superficie de 94.000 metros cuadrados, incluyendo aparcamientos y almacenes, y se formalizará un contrato de alquiler medio de 13,5 años para que la Generalitat pueda seguir usándolos, ya que seis edificios tendrán un contrato de cinco años y los siete restantes de 20.

Con esta operación, la Generalitat tendrá un ahorro anual de 15,1 millones de euros por no tener que pagar censos ni gastos de mantenimiento, y pagará 12,9 millones cada año en concepto de alquiler.

Las cuentas del Govern para 2014 contemplaban unos 2.300 millones de euros de ingresos procedentes de ventas y concesiones que no estaban detalladas; y desde 2012, el Govern ha vendido 34 edificios por 532,6 millones de euros, que han permitido ahorrar 33,2 millones anuales.

Entre los 13 edificios vendidos se encuentra la nueva Conselleria de Bienestar Social y Familia, ubicada en el número 266 del Passeig Taulat, que tendrá un alquiler de 20 años y ha sido el más caro con un precio de 35,5 millones de euros.

También se incluyen los edificios de tres consellerias más: la de Interior por 23 millones, la de Justicia por 18,8 millones y la de Cultura por 13,1 millones.

Zurich es auditada y asesorada por la firma Price waterhouse Cooper, bufete que incorporó en 2011 a Joaquim Triadú como socio responsable del Sector Público de su área Legal y Fiscal en Catalunya. Triadú, que fue secretario general de la Presidencia durante los gobiernos de Jordi Pujol, se encarga, desde de eso momento, de pilotar un proceso de venta de edificios públicos.

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