Francia se añade

En Francia empiezan a tomarse en serio el proceso iniciado con el anuncio del fin de la violencia que hizo ETA hace tres años, y que hasta ahora ha cumplido. Varios diarios han destacado que, por primera vez, dos presos de la organización han sido trasladados al centro penitenciario más próximo al País Vasco, aunque la proximidad es relativa, porque del penal de Mont de Marsan a la frontera de Biriatou hay 136 kilómetros.

En Francia empiezan a tomarse en serio el proceso iniciado con el anuncio del fin de la violencia que hizo ETA hace tres años, y que hasta ahora ha cumplido. Varios diarios han destacado que, por primera vez, dos presos de la organización han sido trasladados al centro penitenciario más próximo al País Vasco, aunque la proximidad es relativa, porque del penal de Mont de Marsan a la frontera de Biriatou hay 136 kilómetros.

Cuentan, sin embargo, que la elegida es la única prisión donde pueden permanecer condenados y preventivos (los que esperan juicio). Los dos trasladados son Oier Ardanaz y Alexander Akarregi, que cumplen penas de 5 y 8 años, respectivamente.

También destacan las diversas informaciones que esta medida se ha tomado después de la visita a los líderes del colectivo de presos de Pierre Hazan, miembro del Grupo internacional de contacto (GIC), que hace de mediador y se encarga de verificar los pasos -tímidas hasta ahora-de los antiguos activistas hacia la entrega o destrucción de las armas y, finalmente, la disolución formal.

Hazan es un universitario y comunicador, con larga experiencia en conflictos internacionales, y colaborador del Alto comisariado de la ONU para los derechos humanos. Por los hechos, parecería que al norte de los Pirineos la aceptan mejor que el sur. Aunque vetaron el acceso a los detenidos de otro miembro de GIC que no parece menos cualificado: el antiguo secretario general de Interpol, Raymond Kendall.

Sea como sea, lo que parece claro es que el sistema francés comienza a añadirse a las decisiones más relajadas de la Audiencia nacional con los recluidos de ETA en España, que va generalizando la concesión de «beneficios penitenciarios» los miembros o ex miembros del grupo encarcelados (que en pocos años han pasado de más de 600 a unos 400), siempre que siguen la llamada «vía Nanclares», consistente en reconocer el daño causado, pedir perdón y hacer frente al pago de las indemnizaciones previstas en las condenas respectivas.

Y esto, a pesar de la oposición sistemática de Instuticions penitenciarias (organismo del ministerio del interior que ocupa Fernández Díaz) y de la Fiscalía.

Un caso especial fue el de Asier Arronategi, que cumplió estos requisitos con una declaración recogida, ni más ni menos, que en acta notarial.