jueves, 17 de agosto de 2017 17:41
Politica

Un juez pide más documentos a Santa Cristina d'Aro por el caso urbanístico que salpica a Nadal

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La Guardia Civil ha acudido al Ayuntamiento de Santa Cristina d'Aro (Girona) y en el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) este miércoles y jueves a reclamar por orden judicial nuevos documentos vinculados a las presuntas irregularidades en una operación urbanística en la que está supuestamente implicado el exconseller Joaquim Nadal.

Según han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso, agentes del Instituto Armado se personaron en el consistorio este miércoles y en Incasòl el jueves con un requerimiento de documentación del Juzgado de Instrucción 25 de Barcelona, que investiga a Nadal al ser el presidente de Incasòl cuando se hizo la operación, en la que al parecer se pudieron desviar tres millones de euros.

El acuerdo investigado se firmó en 2006 entre el Incasòl, el Ayuntamiento y un promotor, por el que la empresa de la Generalitat pagó 7,5 millones de euros por unos terrenos urbanizables en el valle de Solius, cantidad supuestamente desproporcionada ya que finalmente tuvieron un uso medioambiental, con un valor mucho menor.

Los últimos informes policiales que obran en manos del juez apuntan a que la administración firmó el contrato a sabiendas de que los terrenos no eran urbanizables, pagando un montante superior al valor real, según aseguran las citadas fuentes.

A Nadal, entonces conseller de Política Territorial y Obras Públicas del Govern del tripartito y presidente del consejo de administración de Incasòl, se le atribuye el presunto delito de malversación de fondos públicos.

En definitiva, Incasòl presuntamente adquirió los terrenos en el valle de Solius a precio de urbanizable --para proteger la zona y que no se construyera un polígono industrial-- y después de le dio un uso medioambiental, con un valor mucho menor.

Por estos hechos, el exconseller declaró en diciembre de 2013 en el cuartel de Travessera de Gràcia de la Guardia Civil de Barcelona en calidad de imputado policialmente por orden del juzgado de instrucción.

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