El exconsejero valenciano Rafael Blasco condenado a 8 años de prisión

El exconsejero de Solidaridad de la Generalitat Valenciana Rafael Blasco ha sido condenado a 8 de prisión por malversar ayudas de cooperación.

Blasco ha sido condenado como jefe de la red integrada por la cúpula de la Consejería de Solidaridad, a la que pertenecían seis de los nueve enjuiciados, que se apropió de fondos públicos destinados a proyectos de desarrollo en América Latina, África y Asia por la Generalitat valenciana.

El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, destituyó a Blasco como portavoz en las Cortes Valencianas en 2012, después de que fuera imputado en este caso, pero no le forzó a salir del Partido Popular, por lo que sigue siendo diputado autonómico.

Blasco se encuentra inmerso en varias investigaciones relacionadas con casos de corrupción, y hay dudas sobre si dejará su escaño o recurrirá la condena al Tribunal Supremo.

Caso Cooperación

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha condenado además a ocho años de prisión al empresario Augusto César Tauroni, considerado presunto cabecilla de la trama.

El juicio por esta primera pieza del 'caso Cooperación', fruto de dos años y medio de investigación judicial que comenzó en un juzgado ordinario de Valencia, versó sobre posibles irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la extinta Conselleria a la Fundación Cyes en el año 2008, que recibió 1,6 millones de euros para dos proyectos en Nicaragua, de los que solo llegaron a su destino 43.000 euros, puesto que el resto se destinó a la compra de inmuebles en Valencia y al pago de unos 400.000 euros a una mercantil del considerado presunto cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni.

En total, en esta causa figuran nueve acusados: Rafael Blasco, Augusto César Tauroni; el que fuera subsecretario de la extinta Consejería de Solidaridad, Alexandre Catalá; el ex director general, Josep María Felip; el exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares; el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis; la exsecretaria de Cooperación, Tina Sanjuán; el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López; y una trabajadora de esta fundación y pareja de este último, Josefa Cervera Tomás. Todos ellos negaron su participación en ningún fraude.

La Fiscalía pedía un total de 14 años de cárcel para el exconsejero, a quien acusa de un delito continuado de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias y como inductor del delito de falsificación documental.