El catedrático Santiago Muñoz recomienda a Agbar que pida a la Generalitat una nueva adjudicación de ATLL

Un informe del catedrático de derecho administrativo Santiago Muñoz Machado, asesor del departamento jurídico de Agbar, recomienda a la compañía de aguas solicitar al Departamento de Territorio y Sostenibilidad que acuerde una nueva adjudicación de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL).

Muñoz ha explicado que ha llegado a esta conclusión después de analizar la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dada a conocer esta semana en la que desestima la petición de Agbar de excluir a Acciona de la gestión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL).

En marzo del año pasado, el TSJC dio la razón a Agbar y denegó la petición de la Generalitat y de Acciona de que se suspendiera de forma cautelar la efectividad de la resolución del OARCC.

Sin embargo, el gobierno catalán ha dejado claro en varias ocasiones que mantendrá su defensa de la adjudicación de la gestión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL) al consorcio liderado por Acciona hasta que haya un pronunciamiento "firme" por parte del Tribunal Supremo.

Las apreciaciones del asesor de Agbar

Según el catedrático el TSJC ha desestimado la petición de Agbar por "un tema formal", ya que aún no ha habido una resolución expresa del conseller de Territorio y Sostenibilidad en la que se niegue a ejecutar esta resolución del OARCC que anuló en enero del 2013 la adjudicación de la concesión de ATLL a favor de Acciona.

En la misma línea, Muñoz interpreta que el TSJC tampoco aprecia "inactividad material" de la administración, en este caso del Departamento de Territorio, responsable de la adjudicación, puesto que Agbar no había pedido directamente a este departamento la ejecución de la resolución del OARCC.

Por ello, el asesor jurídico de Agbar, "siguiendo los dictados y resoluciones del TSJC", aconseja solicitar a la conselleria de Territorio y Sostenibilidad que ejecute la resolución del OARCC y recuerda que, ante una "negativa expresa o tácita" del conseller, la compañía tendría de nuevo "abierta" la vía contencioso-administrativa del TSJC.

Una resolución expresa de la administración que fuera contraria a atender esta resolución, según este asesor, "supondría desoír los autos del TSJC que expresamente han concluido en seis ocasiones que no existe motivo alguno para no ejecutar la resolución del OARCC de enero de 2013".