A la hermana de Pepe Rubianes, apuñalada por su ex pareja, le denegaron la orden de protección

Carmen Rubianes, hermana del fallecido humorista Pepe Rubianes, pidió este verano una orden de protección contra su ex pareja y ésta le fue denegada por la juez. La noche del jueves su expareja, un hombre de 27 años, de nacionalidad marroquí y residente en Marsella, supuestamente le cortó en el cuello y posteriormente la abandonó a las puertas de un hospital de Barcelona.

La hermana del cómico sigue ingresada con pronóstico reservado en el Hospital Clinic de Barcelona

El presunto agresor quién tras ser detenido por los Mossos d'Esquadra reconoció la agresión, ha pasado a disposición judicial y será acusado de un delito de tentativa de homicidio. Los agentes del grupo de delincuencia urbana de la comisaría del Eixample localizaron al sospechoso en la Estació del Nord de autobuses, cuando supuestamente intentaba salir del país. Los Mossos localizaron posteriormente en una cloaca el arma con la que supuestamente se cometió la agresión.

Los abogados especializados afirman que los jueces deniegan protección en "riesgo extremo"

Los abogados especializados en violencia de género trasladaron el año pasado la preocupación que existe entre los servicios de atención a las víctimas de la violencia de género por el bajo número de órdenes de protección que se dictan. Cataluña junto a Cantabria son los territorios donde más se rechazan estas medidas cautelares.

En los seis primeros meses del año de 2013 solo se concedieron el 39,05% de las órdenes solicitadas mientras que en el resto del país se aceptan aproximadamente un 60% de las medidas. Letradas especializadas en este tipo de casos advierten de que se están rechazando las órdenes de protección incluso en aquellos casos en los que el atestado policial refleja un "riesgo extremo" de que la víctima pueda volver a ser agredida.

Es que por lo que parece ser que si no existen lesiones, las órdenes de alejamiento se rechazan de forma sistemática, algo que no ocurre en otras partes del país, donde unas amenazas de muerte pueden mover al juez a decretar una orden de protección.