Manuel Dolz: "Muchos banqueros saben que no pisarán la cárcel"

En una entrevista a el Levante el fiscal valenciano del Supremo ha pedido entre otras cosas  gravar más las penas por delitos económicos y que se aplique con mayor contundencia la prisión preventiva, porque para él "no puede ser que el 99 % de presos sea de clases marginales".

Este boom de la corrupción privada ha empujado a Manuel Dolz a reescribir ?junto con su colega Fernando Sequeros? el libro Delitos societarios y conductas afines, publicado originalmente en 2002. Esta tercera edición casi nueva en sus contenidos ?de 1.518 páginas y 130 euros de coste dirigido a abogados, fiscales y jueces? viene a ser como una especie de manual contra la delincuencia de cuello blanco. Sus dardos son concretos. Los autores denuncian el comportamiento de los responsables de auditoras que perciben sustanciosos ingresos por consultoría precisamente de las sociedades mercantiles que deben auditar. Arremeten contra la emisión de informes engañosos por agencias calificadoras propiciando ruinosas inversiones. Censuran el desvío de reservas transformadas en ingresos operativos por parte de sociedades para inflar beneficios que han obligado a gigantes del mercado a suspender pagos bajo la presión de deudas millonarias. Critican la asignación de sueldos desproporcionados de los altos directivos de la banca o la utilización de los recursos sociales para atender sus gastos particulares, incluida la concesión de créditos a bajo interés facilitados a ellos mismos o a sociedades por ellos controladas, así como las prejubilaciones e indemnizaciones desproporcionadas en todo caso y más en épocas de crisis.

Cuestionan también la deficiente gestión por parte de esos directivos de los recursos de las cajas de ahorro al ofertar preferentes a clientes desinformados ?cuando no mal aconsejados? y conceder créditos a terceros para la compra de viviendas a largo plazo de manera indiscriminada o participar en inversiones de riesgo que han abocado a su rescate con el dinero de los contribuyentes. Tras tanto desficaci, Manuel Dolz espera que el libro ?y su efecto en el mundo jurídico? sirva de «revulsivo educacional» para «establecer las bases para reaccionar contra la corrupción».

Para Dolz están quedando demasiado impunes los delitos de corrupción "A la vista de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, está muy claro que ha habido una respuesta bastante tibia ante los comportamientos de corrupción política. En el aspecto societario, las penas previstas son de cárcel, pero se recurre poco a la prisión provisional. Incluso cuando las penas de prisión son impuestas, se solicitan indultos o se trata de suspender las condenas. Todos conocemos el caso Blesa y la querella del fiscal contra el juez que le impuso medidas cautelares bastante contundentes como la prisión provisional. No se tiene la misma energía ante la delincuencia de cuello blanco que ante la delincuencia de los pobres. Siempre ha existido una desigualdad en el trato penal".

Además añade que "sí, continúa existiendo desigualdad en el trato penal" y sostiene que los delincuentes de cuello blanco han sido «una casta intocable en la conciencia social». "Sí, la sociedad ha sido muy tolerante con estos fenómenos delictivos derivados del ejercicio del poder económico. Hasta 1995 no se incorporaron en el Código Penal estos delitos societarios, y eso que los códigos penales se remontan al 1822. Es decir: la delincuencia económica no se castiga con severidad hasta hace poco".

Para Dolz "las leyes habrían de cambiarse para gravar más las penas. La penalidad habría de ser disuasoria, porque el derecho penal tiene una función primordial: la prevención general. Se trata de advertir a los futuros infractores de que, si infringen las leyes, ingresarán en prisión. Eso es importante. Pero aparte de cambiar las leyes, se habría de dotar con más medios a los órganos judiciales, a las fiscalías y a la policía para llevar a buen término las investigaciones en delincuencia económica. Estas investigaciones son muy complejas, porque hay que recurrir a comisiones rogatorias en los países donde hay paraísos fiscales y la colaboración con estos Estados son difíciles. Además, las estructuras organizativas empresariales son muy complejas, porque el principal administrador de todo el fraude, el cerebro, es el que está más alejado de las acciones concretas. Hay testaferros y personas que ejecutan otros hechos sin que ellos pongan la firma".

Preguntado sobre si sería más justo que hubieran entrado en la cárcel más banqueros y directivos de cajas de ahorro. Dolz afirma que "entiendo que sí, porque soy partidario de la prevención general del derecho penal. Lo que no puede ser es que, en los centros penitenciarios, el 99 % de la población reclusa sea de clases marginales. La discriminación en la lucha contra la delincuencia es muy notable y la sufren las clases marginales frente a los más poderosos. Hay muchos banqueros o empresarios implicados en estas conductas y saben que no van a pisar el centro penitenciario. Y que, en todo caso, si sufren condenas, pueden librarse de ellas porque se suspenderán sus condenas o recibirán un indulto. Y hay casos muy notables como el indulto arbitrario de Alfredo Sáenz [consejero delegado del Banco Santander que en noviembre de 2011 fue indultado por el Gobierno en funciones de Zapatero de su condena a tres meses de arresto e inhabilitación temporal por un delito de acusación falsa].

El fiscal además es partidario de reforzar la prisión provisional. "Sí, porque durante la instrucción de la causa como es la destrucción de pruebas. Un investigado en libertad puede moverse. Y así, cuando la Justicia llega, siempre llega tarde porque se han destruido correos, contabilidades, pruebas? Abogo por que las medidas preventivas no sólo sean de carácter real, como el embargo de bienes, sino también de carácter personal, como la prisión".