La Generalitat deja marchar al mejor investigador de células madre afincado en Catalunya

La iniciativa de prescindir del científico, Juan Carlos Izpisúa, parece ser que partió de la Generalitat. Aunque finalmente Izpisúa, director del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB),  ha dimitido ante la falta de apoyo económico. Su marcha no supone el cierre del centro, aunque con él se pierden 18 de los 21 proyectos científicos que son de su propiedad intelectual. Uno de sus proyectos, la creación de microrriñones a partir de células madre ha sido mencionado por la revista Science como uno de los avances de 2013.

La modificación de la ley española de reproducción asistida de 2003 puso a España a la vanguardia en uno de los más prometedores campos de la ciencia y que consiste en utilizar los embriones sobrantes de los procesos de fecundación in vitro para investigar en las células madre. El Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB) es fruto directo de esta modificación. Desde entonces, el CMRB ha mantenido una importante labor investigadora.

La iniciativa de prescindir de Izpisúa partió de la Generalitat, aunque el Gobierno central tampoco ha hecho nada por evitarlo. La forma en que el patronato del CMRB comunicó al científico la nueva política, hace ya unos meses, fue como un indeseable efecto de los recortes: que la Administración no estaba en condiciones de seguir financiando el centro "con los niveles de calidad exigidos" por el científico y todo a pesar de que hace año y medio el president Mas se comprometió a aportar al director todos los medios que le fueran necesarios.

Los fondos de 1,8 millones de euros anuales para la investigación propiamente provenían de instituciones internacionales, que se dedican a evaluar los proyectos de investigación y decidir sobre la conveniencia de financiarlos. Con la marcha de Izpisúa esta financiación para investigación científica también desaparecerá.

A finales del 2013 hubo un intento de comprar el CMRB por una compañía del sector farmacéutico. La venta habría implicado la cesión a ella de todas las patentes y derechos surgidas de las investigaciones de Izpisúa. La iniciativa acabó abortándose tras la mediación del Gobierno central.