lunes, 21 de agosto de 2017 23:50
Politica

Baleares retirará la obligación de rotular los comercios en catalán

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Los comercios de Baleares ya no estarán obligados a poner sus rótulos y carteles informativos "al menos en catalán" por lo que no serán multados por cuestiones lingüísticas, como ha ocurrido la última década. El Govern popular de José Ramón Bauzá retirará este deber, implantado por el Ejecutivo socialista en la Ley de Comercio de 2001 bajo el pretexto de preservar los "derechos lingüísticos" del consumidor.

Esta imposición lingüística establecida por ley venía acompañada de multas e incumplir la norma acarreaba sanciones de un mínimo de 1.501 euros y de un máximo de hasta 60.000 euros, al considerarse una infracción grave. A partir de esta nueva normativa todo esto quedará derogado.

El equipo de Bauzá trabaja, al menos, con esa previsión para empezar a dar forma al borrador de la nueva Ley de Comercio de Baleares, que espera dejar aprobada este año, a ser posible antes del verano, y que este mismo mes empezará a negociar con las patronales y después con los sindicatos. El Govern quiere limitarse a aprobar una ley «pura y exclusivamente de comercio», explican desde la Conselleria de Economía y Competitividad.

En el paquete de infracciones graves, figuran las rebajas ilegales, la publicidad falsa en una oferta promocional, la venta de alcohol fuera del horario permitido, la apertura de un establecimiento en un día festivo no autorizado o el incumplimiento de los plazos de garantía de un producto, entre otros. La ley también establecía que los consumidores tienen derecho a ser atendidos en catalán o castellano y que las administraciones debían promover el uso «progresivo» de la lengua catalana en las actividades comerciales y «en los rótulos, símbolos y distintivos de los establecimientos comerciales» de Baleares.

El Ejecutivo de Bauzá se está mostrando firme en la aplicación de su política lingüística. Por una parte, al implantar el modelo del trilingüismo en la enseñanza, que pretende acabar con la inmersión en catalán, mayoritaria en los centros educativos de las islas durante los últimos años, y que le ha costado una huelga de profesores. Y, por otra, al suprimir la exigencia de tener un título acreditativo de conocimientos del catalán a los funcionarios, para los que poseer un determinado nivel de la lengua cooficial ya no es un requisito, sino un mérito. Esta última ley ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, que rechazó el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE el año pasado. Los socialistas abanderan la oposición a la política lingüística del PP balear y también han llevado al Constitucional el decreto del trilingüismo.

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