lunes, 23 de octubre de 2017 13:46
Economía

La Generalitat y los Juzgados mercantiles se emplean a fondo para salvar el tejido industrial catalán

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Ante la desaparición del 97% de las empresas que solicitan el concurso de acreedores, la Generalitat y los jueces de lo Mercantil catalanes han sellado un acuerdo para tratan de salvar el máximo del tejido productivo catalán favoreciendo la venta de empresas que han entrado en concurso de acreedores

Tras firmar un convenio con los jueces, el Departamento de Empresa y Empleo empezó buscar posibles compradores a las empresas en concurso con una actividad viable, con la diferencia de que el comprador se las puede adquirir sin deuda alguna. El Ejecutivo catalán cree que desde entonces han salvado a 175 empresas y 5.000 puestos de trabajo del sector industrial algo que supone que el 75% de los casos que llegaron a sus manos han encontrado comprador.

El alto índice de mortalidad de las empresas que van a la antigua suspensión de pagos se debe a varios factores y entre ellos que las empresas llegan al concurso demasiado tarde y agotadas y supone que muchas empresas no lleguen a firmar un convenio con los acreedores. Y si al final lo consiguen, es fácil que recaigan como consecuencia del sobreendeudamiento bancario al que deben dedicar prácticamente todos sus ingresos.

Una de las pocas alternativas que se han hallado para no dañar todavía más el tejido industrial es la venta de las unidades productivas, en especial cuando la empresa es grande y su extinción puede suponer el fin de otras auxiliares. Los jueces de lo Mercantil se dieron cuenta, no obstante, de que el principal problema para el éxito de esas operaciones era "la falta de publicidad de las oportunidades de inversión en unidades productivas", ya fuera como una forma de participar en la compañía o de adquirirla, según dijeron en el texto de un convenio que firmaron con el Departamento de Empresa y Empleo. El acuerdo alcanzado entre los jueces y la consejería preveía que los administradores concursales suministrarían información sobre las unidades productivas a la Administración para que esta la trasladara a "posibles interesados" siempre que la empresa tuviera "actividad real".

Según la Generalitat en el primer año de funcionamiento del convenio se han salvado 175 empresas y más de 5.000 puestos de trabajo. El departamento trabaja además con un 'mapa de riesgos' con compañías que pueden entrar en crisis lo que permite según el Departamento de Empresa y Empleo salvar entre el 70% y el 80% de los empleos que entran en esa zona. En la página web de la consejería hay una lista con 77 unidades productivas en venta. Las que ahora hay publicitadas son compañías con una facturación de menos de cinco millones de euros entre las que predominan las industrias, aunque también hay inmobiliarias y constructoras. En el caso de las inmobiliarias es más frecuente la subasta de los activos.

La lista de empresas cuya unidad productiva ha sido vendida es amplia y hay casos en todos los sectores. Faro, por ejemplo, se hizo con Biosca y Botey a cambio de quedarse con su deuda con los proveedores y mantener la plantilla; pero también han pasado por ese proceso Sati; Itowa, en la que entró un grupo indio; Cubigel, que adquirió la china Huayi; Clínica del Pilar, ahora en manos de IDC; o Idagua ha sido comprada por MAT Holding. "La parte positiva es que te transfieren la sociedad limpia, con lo cual facilita su viabilidad. El único inconveniente es que la empresa ha estado sometida a una fase de destrucción de valor que repercute en la marca", explica Pau Relat, consejero delegado de MAT Holding.

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