Familiares de Prenafeta evitan la cárcel al declararse culpables de lograr ilícitamente ayudas de la UE

El hermano y el sobrino del exalto cargo de CiU Lluís Prenafeta han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía de la Audiencia Nacional, por el que han reconocido su implicación en un fraude para obtener de forma ilícita ayudas de la Unión Europea y que les ha permitido eludir su ingreso en prisión.

El pacto alcanzado entre el fiscal Daniel Campos con la defensa del hermano de Lluís Prenafeta, Francesc Prenafeta Garrusta, y de su sobrino, Pau Prenafeta Esteve, ha implicado rebajar de tres a dos años la pena de cárcel a la que se enfrentaban y el pago de sendas multas de 70.635 euros. Se ha apreciado la concurrencia de las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas y colaboración activa en el proceso.

A la salida de la vista oral, Francesc Prenafeta ha preguntado a la prensa si los procesados eran tan importantes como para que se cubriera su juicio. En su respuesta, los informadores han explicado el proceso cobra relevancia dada su relación de parentesco con quien fuera secretario general de la Presidencia de la Generalitat.

Por su parte, los empresarios y trabajadores de las sociedades que participaron en la trama Montserrat Torra, Joaquin Sastre, Fernando Rabell y Jaime Rabell también han aceptado el pago de multas, que oscilan entre los 83.260 y los 218.398 euros, y la reducción de las penas de cárcel desde los tres hasta los dos años. Cada uno de los acusados ha respondido afirmativamente cuando se les ha preguntado si se declaraban responsables y conformes con los delitos continuados de obtención indebida de los fondos de los presupuestos generales de la Unión Europea que se les atribuía.

La responsabilidad civil se decidirá en ejecución de sentencia. En el caso de que se verifique que la Unión Europea ha sido resarcida, los condenados no deberán abonar cantidad alguna, sin perjuicio de que Bulgaria --país que ya persiguió estos hechos y que ha podido pagar el fraude-- se dirija contra ellos en un procedimiento civil.

Los condenados participaron en una trama que 'inflaba' precios de maquinaria agrícola para obtener indebidamente una mayor cantidad de ayudas comunitarias. El Ministerio Público había pedido inicialmente que Francesc y Pau Prenafeta fueran condenados a tres años de cárcel, al pago de multas de 300.000 euros y que restituyeran a los Veintiocho con 141.270 euros.