El Supremo revisa este miércoles el recurso de Núñez padre e hijo

El Tribunal Supremo (TS) revisará este miércoles la sentencia de la Audiencia de Barcelona que condenó a seis años de cárcel al expresidente del Barça, José Luis Núñez Celemente, y a su hijo, Josep Lluís Núñez Navarro, por el 'caso Hacienda', una trama que destapó sobornos a altos cargos de Hacienda para eludir impuestos.

El alto tribunal celebrará una vista pública para revisar la sentencia que les consideró culpables de delitos de cohecho activo y falsedad documental y condenaba además a Núnez padre a pagar una multa de más de 2 millones de euros. El Supremo dictará una resolución, de la que será ponente el magistrado Luciano Varela.

La Audiencia absolvió al empresario financiero Javier de la Rosa e impuso la pena más elevada al exjefe regional de Hacienda en Catalunya, José María Huguet, quien fue castigado con 13 años de cárcel por cohecho pasivo, falsedad de documento oficial, prevaricación, omisión de perseguir delitos e infidelidad de custodia de documentos y una multa de más de 6 millones de euros.

Los otros dos exinspectores, Álvaro Pernas y Manuel Abella, han sido condenados a 12 y 11 años, respectivamente, por los delitos de cohecho pasivo, falsedad documental, prevaricación y omisión de perseguir delitos, mientras que el exasesor jurídico del Grupo Torras-Kio, Juan José Folchi, ha sido condenado a siete años de cárcel.

El juicio de la trama --calificada por el fiscal Emilio Sanchez Ulled como "un pelotazo financiero de empresarios del ladrillo" que defraudaron en complicidad de "altos cargos administrativos que se vendieron"-- ha sido uno de los más largos de la historia de España al durar nueve meses, con sesiones de mañana y tarde.

La Audiencia dejó libertad provisional a todos los condenados hasta que se agoten los recursos y la sentencia sea firme, aunque les ordenó entregar el pasaporte y acudir periódicamente al juzgado.

Tras conocer la sentencia, el grupo Núñez i Navarro anunció que recurriría y reclamó una "merecida declaración de inocencia" y defender que la compañía cumplía con sus obligaciones fiscales y no precisaba trato de favor de ningún funcionario público.