lunes, 23 de octubre de 2017 20:41
Opinión

Dos años después

Robert Pastor
Robert Pastor



El domingo se cumplieron dos años del anuncio (cumplido) del fin de la violencia por parte de ETA. Una vez más, de la órbita de la izquierda " abertzale" pidieron gestos al gobierno Rajoy, y desde éste, la ratificación de la política de cierre a nuevas medidas mientras la organización no se disuelva. Los del medio, incluido el gobierno vasco, se repetía también la demanda doble, a ambos lados, para que hagan pasos que favorezcan el proceso de paz.

Esto era en la víspera de la esperada decisión final del tribunal de los Derechos Humanos, en Estrasburgo , que por abrumadora mayoría condenaba al Estado español por aplicar retroactivamente la llamada " doctrina Parot , que ha permitido hasta ahora alargar la estancia en la cárcel, sobre todo, de terroristas, pero también de grandes delincuentes de los llamados " comunes".

El rechazo del recurso español contra un pronunciamiento previo en el mismo sentido, como en primer instancia, se produce a raíz de la demanda de amparo de Ines del Rio , condenada a miles de años por 23 asesinatos y que, sin esta norma dictada por el Supremo en 2006, habría cumplido y habría tenido que salir libre en 2008. Los magistrados no sólo le han dado la razón, sino que obligan al Estado española indemnizarla con 30.000 euros.

La aplicación inmediata de la jurisprudencia creada implicaría la liberación de más de 60 recluidos por crimen de ETA, 14 "comunes", 7 del GRAPO y uno de los GAL. A medio plazo, los afectados del principal grupo terrorista de la actividad reciente serían bastantes más del centenar, aproximadamente una cuarta parte del total actual del primer grupo.

Las reacciones de la órbita Bildu - Sortu, y de colectivos de víctimas han sido los previstos. A efectos prácticos, sin embargo, lo importante era saber qué haría el ejecutivo del PP, que se pronunciaba casi inmediatamente, en el sentido de " lamentar" y criticar más o menos explícitamente, la sentencia europea.

El ministro de justicia, Ruiz Gallardón dejaba en manos de la Audiencia Nacional la suerte de los y las que se podrían acoger, caso por caso, desde la hipótesis de que la decisión sobre el caso Ines del Rio sólo valdría para ella , en principio. Parece evidente que, de no extenderla, se produciría una avalancha de recursos del resto que se encuentra en la misma situación, con resultados que según la lógica serían idénticos, y con una fijación de indemnizaciones que llegarían a una cifra global millonaria.

La respuesta del titular de Interior, Jorge Fernández Díaz ha sido la amenaza de detención y procesamiento a los protagonistas de homenajes a los liberados, muy probablemente por enaltecimiento del terrorismo, como ya ocurrió tras el primer liberación de De Juana Chaos.

Mientras tanto, como muestra de coherencia en el mantenimiento implacable de la política y la persecución judicial , se desarrollan en la Audiencia Nacional los dos "macroprocesos "previstos y con sabor rancio, porque se refieren a causas anteriores, en bastantes años, al "parada "de la actividad de ETA.

Uno, contra la organización juvenil Segi, va contra unos 40 reos , para los que pide la fiscalía penas de entre 7 y 9 años, en la franja más baja para este tipo de delitos. El otro afecta a 36 personas más, acusadas de pertenencia a la organización terrorista y financiación ilegal porque habrían destinado los beneficios de las " herriko taberna", en principio , al entonces ilegalizada izquierda radical independentista del País Vasco y, indirecta o directamente, los practicantes de la "lucha armada".


Tres de los inicialmente imputados en esta segunda causa han decaído. Arnaldo Otegi, aunque preso, por haber sido condenado ya como miembro de ETA. Otros dos, por haber prescrito una "pertenencia" -indirecta- que se terminó en 1992, cuando abandonaron la dirección del entonces Herri Batasuna.

Desde la promulgación y aprobación de la vigente ley de partidos, que algunos han considerado hecha "a medida" de los radicales vascos - mientras formac iones violentas de extrema derecha siguen actuando desde la legalidad-, la jurisprudencia española han considerado de ETA todo lo que tantas veces se ha descrito como su "entramado", sin distinguir entre niveles ni ámbitos de actividad, incluyendo en el mismo saco asesinos, causantes de disturbios en la calle, personajes políticos ocupantes o no de cargos públicos e incluso autores de declaraciones o opiniones favorables o "comprensivas" con el conjunto o el "entorno".

Algún comentarista llega a decir, el mismo lunes, que el Tribunal de Estrasburgo le habría hecho un favor al presidente Rajoy y su gobierno, porque "le obliga" a aliviar la presión penitenciaria sobre los ex terroristas y, con ello, en puede salir beneficiado el camino hacia la paz. Lo veremos.

Robert Pastor

Periodista

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