domingo, 20 de agosto de 2017 02:15
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El Supremo falla contra Industria, por lo que "todos" indemnizaremos a Florentino en la factura del gas

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La empresa ACS, de Florentino Pérez, podría llegar a cobrar 1.570 millones de euros del Estado por la paralización del proyecto de almacén de gas subterráneo Castor, después de que se produjeran en la zona más de 500 terremotos, algunos de tal intensidad como para llegar a causar daños materiales.

Cabe destacar que aunque Ministro de Industria, José Manuel Soria, intentó evitar este pago con un recurso contencioso-administrativo el Tribunal Supremo ha desestimado admitirlo a trámite porque considera "lesivas" las condiciones en que se otorgó la concesión del proyecto.

Así, el Supremo condena al Estado a abonar los costes. Escal UGS (empresa controlada en un 66% por ACS) puede llegar a solicitar el valor contable de la compañía, que se fija en los citados 1.570 millones de euros. También incluso el valor residual (1.700 millones) o el lucro cesante (3.000 millones).

Así pues, se inicia una batalla legal que, en principio, gana Florentino. Sin embargo, la sentencia destaca que para no pagar tal cantidad, el Gobierno debe demostrar que ha habido "dolo o negligencia" en su decreto de adjudicación.

Por otro lado, el Tribunal Supremo también ha denegado al Ministro la nulidad preventiva del decreto ley de adjudicación promulgado cuando Miguel Sebastián estaba en el cargo, y que obliga a realizar el pago a la empresa.

Ahora el caso queda pendiente del informe encargado al CSIC y al Instituto de Geología y Minerología de España, que debe demostrar o no una mala praxis por parte de Escal UGS.

Ahora por ahora, el Gobierno tiene dos salidas: demostrar el dolo o bien considerar que el valor residual del depósito de gas es cero, ya que no puede almacenar gas por problemas sísmicos.

Sea como sea, si finalmente el Ejecutivo se ve obligado a abonar la cantidad citada, se acabaría cargando a la factura del gas, ya que no hay fondos suficientes en el sector energético. Así, lo acabaría pagando la población en general, como las personas de la Costa de Castellón y del Delta del Ebro, que ya están pagando por las reparaciones de algunos daños materiales que los sismos han producido.

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