domingo, 17 de diciembre de 2017 13:06
Politica

La juez Alaya archiva la causa contra los hermanos de la Ministra Fatima Bañez

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La juez Mercedes Alaya ha archivado la causa abierta contra seis empresarios que fueron imputados tras pujar por los suelos de Mercasevilla, entre ellos dos hermanos de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, al entender que han prescrito los delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas y fraude y exacciones ilegales que se les imputaban y que no se les puede aplicar el delito de prevaricación.

Como es sabido, el procedimiento impulsado para enajenar los suelos del mercado central de abastos de Mercasevilla fue fallado en favor de la propuesta elevada por el grupo promotor 'Sanma Desarrollos Urbanísticos', filial de la constructora Sando, pese a que concurría una oferta económicamente superior por parte del grupo Noga.


Entre los empresarios se encuentran Eduardo Báñez García, como consejero delegado y firmante de la oferta presentada por Construcciones Juan de Robles, y Juan Nicolás Báñez García, consejero delegado solidario de esta empresa, ambos hermanos de la ministra de Empleo, así como Ignacio Bayón Marine, presidente del consejo de Administración de Realia Bussiness.


La juez archiva la causa respecto de estos empresarios en un auto en el que arremete duramente contra la Fiscalía de Sevilla,y recuerda que fue el Ministerio Público el que, a instancias de uno de los imputados, solicitó que se declarara extinguida la responsabilidad criminal de los empresarios por prescripción de los delitos de maquinación y fraude y execciones legales En este punto, Alaya asevera que "ha debido tratarse sin duda de un error de cómputo por parte del Ministerio Fiscal", ya que tales delitos "estaban prescritos desde el inicio de las actuaciones", un "error" que "seguramente" está "justificado" por la asistencia del fiscal "a varias macrocausas, pero que ha generado ciertas consecuencias".


Así, y en primer lugar, la juez critica que dicho "error" por parte del Ministerio Público ha provocado "cierto retraso en la tramitación" de las actuaciones, "pues el escrito del Ministerio Fiscal fue de abril del presente año", y en segundo término ha originado "un esfuerzo inútil", pues "hubo que tomarles declaración" al considerar que "el fiscal manejaba también el tipo de prevaricación en su condición de extraneus, al igual que con Sanma, perspectiva de la que ahora se aparta en el precedente escrito".


Además, "ha provocado un incidente que no es de agrado en una instrucción de sumario, donde como bien sabe el Ministerio Fiscal cada posible imputado nuevo se valoraba extremadamente", a lo que hay que sumar, asimismo, "las molestias propias de quien va a declarar implicado en un tema que encima posee repercusión mediática".

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