La juez Alaya imputa a otras diez personas en el caso ERE y las cita a declarar en diciembre

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha imputado en la causa a diez nuevas personas, entre los que destacan varios abogados, con lo que el procedimiento alcanza ya los 126 imputados, todo ello además sin tener en cuenta las nuevas imputaciones realizadas por la Guardia Civil en el marco de la segunda fase de la operación 'Heracles'.

El pasado mes de mayo, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, acordó imputar en la causa a sólo cinco de las 18 personas --algunas de ellas detenidas en la primera fase de la operación 'Heracles'-- que había solicitado previamente por medio de un escrito la Fiscalía Anticorrupción, lo que motivó que el propio Ministerio Público recurriera en reforma dicha resolución.

Ahora, la instructora ha dictado un auto, con fecha 3 de octubre, en el que imputa a otras diez personas que había solicitado Anticorrupción, acordando además dar traslado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que investigue la supuesta participación en los hechos de Roger Vanús Vaqué y de Juan Jesús Ramos Soriano, en este caso porque podría "tratarse de otra persona".

Los nuevos imputados son José Luis Leal, hermano del abogado de Estudios Jurídicos Villasís Carlos Leal --también imputado en la causa--, y el también letrado del despacho Alfredo Jiménez, así como Eva María Domínguez, María Olga Pascual, María del Rosario González, María Antonia Carrasco, Antonio Aso, Manuela Castillo, Antonio Fernando Murillo, y Antonio Santiago Pérez, a todos los cuales cita a declarar los próximos días 12 y 17 de diciembre. En el auto, la juez cita a declarar también el día 17 de diciembre a Antonio Diéguez Viera, quien ya estaba imputado en la causa.

Según la juez, dichos fondos procedían de las 'sobrecomisiones' "abonadas por la Junta con ocasión de la tramitación de las pólizas financiadas por esta Administración", a lo que se suma que Guerrero concedió a esta sociedad una ayuda directa de 444.748,96 euros, "cantidad que no consta fuera abonada y que podría estar destinada en parte al director general de Trabajo".

En el auto, la magistrada razona que, "aunque en un procedimiento con tantos imputados debe cuidarse aún más si cabe el ser selectivos con nuevas imputaciones, asiste la razón" a la Fiscalía tras un nuevo examen de las diligencias policiales, "pues habiendo transcurrido varios meses desde el dictado del auto --el de mayo--, no parece que se vayan a producir en esta línea de responsabilidades de segundo orden nuevos hechos que determinen las mismas con mayor contundencia, siendo claro que si ha de tomarse declaración a estas personas, sólo puede ser en calidad de imputado".

De igual modo, la juez se refiere a la posible ampliación del auxilio jurisdiccional de la Dirección General de Seguros a fin de dar respuesta a determinadas cuestiones suscitadas por el Ministerio Público, y acuerda convocar a los representantes de la Dirección General, al Ministerio Fiscal y a las partes que estén interesadas para que los primeros "expliquen la posibilidad de poner en práctica las peticiones del Ministerio Fiscal", ya que, dice, "no es interés" de Alaya "cercenar si es posible la práctica de una prueba de interés para la acusación pública".