lunes, 23 de octubre de 2017 19:10
Sociedad

Las patronales consideran intolerable la rebaja de tarifa del 4,6% al módulo social de la atención sociosanitaria anunciada ahora por el ICASS

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ACES (Asociación Catalana de Entidades de Salud), ACRA (Asociación Catalana de Recursos Asistenciales), el CSC (Consorcio de Salud y Social de Cataluña), la UCH (La Unión) y UPIMIR (Unión de pequeñas y medianas residencias) quieren expresar su preocupación por la rebaja anunciada el viernes por parte del ICASS del 4,6% al módulo social de las diferentes líneas de atención sociosanitaria, con efecto retroactivo del 1 de enero.

Las entidades asociativas ven intolerable anunciar ahora una disminución de tarifas cuando, antes del verano, la Dirección General del ICASS afirmó que no habría rebajas. Hay que tener en cuenta también que en los últimos años el módulo social de la atención sociosanitaria nunca se ha incrementado y sólo ha sufrido disminución o congelación.

Este anuncio llega cuando los centros ya han establecido acuerdos con sus trabajadores según el marco previsto para el 2013. La aplicación de esta rebaja con carácter retroactivo afectará significativamente la situación en los centros y se añaden cuando, en el mes de julio, la Consejería de Bienestar Social y Familia suspendió transitoriamente las ayudas de la Ley de la Dependencia (prestaciones económicas vinculadas a servicios) los meses de agosto y septiembre. De forma inmediata y conjunta, las patronales pidieron que no se aplicara la suspensión. Desde entonces, la Consejería no tiene comunicación en este sentido. Estas acciones se suman al hecho de que no se ha liquidado la totalidad de la deuda a los centros proveedores.

Las patronales piden que la consejería reconsidere la aplicación de esta medida, ya que afecta directamente un sector clave para la cohesión social y que constituye un estímulo para la recuperación económica de nuestro país.

Cabe recordar que el sector es uno de los pocos que ha mantenido la capacidad para generar empleo (actualmente de un 1,2% sobre el total de la población activa catalana) y un incremento de cotizaciones a la Seguridad Social.

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