Un funcionario del Ayuntamiento niega "pasar" expedientes de prostíbulos de Barcelona por dinero

El funcionario del Ayuntamiento de Barcelona Manuel M. ha declarado este miércoles en el juicio contra la presunta trama de proxenetismo y soborno a policías vinculada a los macroburdeles de Castelldefels (Barcelona) Riviera y Saratoga que no pasó "ningún expediente" de prostíbulos de Barcelona para que se destruyeran a cambio de dinero.

Lo ha afirmado en su declaración como acusado, en la que ha afirmado que es "tremendamente falso" que hubiera facilitado al ingeniero industrial Joaquín Quílez expedientes de dos prostíbulos de Barcelona --uno de los cuales es titularidad del también propietario del Saratoga, Raúl P.-- para que se destruyeran, puesto que los burdeles no tenían las licencias para ejercer.

"Esto del expediente es tremendamente falso. Ni yo le di el expediente, ni dinero", ha asegurado Manuel M. ante las acusaciones del fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo, y ha explicado que sólo quedó con Quílez para darle unas ordenanzas municipales.

Al preguntarle el fiscal por qué este intercambio se produjo fuera de los límites del distrito del Eixample de Barcelona y por una ventanilla de un coche, ha respondido que "nada más para cuidar las formas", y ha reiterado que no le dio ningún dinero.

El fiscal ha reproducido unas conversaciones en las que ha pretendido demostrar que en 2008 Quílez sobornó al funcionario de Ayuntamiento de Barcelona para que le diera el expediente de un prostíbulo de la calle Balmes que debía cerrar, ya que no disponía de licencia de actividad.

Según Fiscalía, Quílez realizó los preparativos para la destrucción del expediente, lo consiguió de manos de Manuel M., y luego --tras pagarle el dueño del prostíbulo una cantidad de dinero--, este expediente desapareció.

Por su parte, Quílez --también implicado en la presunta trama de amaño de licencias en Ciutat Vella y para quien el fiscal pide 20 años-- se ha acogido a su derecho a no declarar, y ni siquiera ha respondido a las preguntas de su abogado.

INFORMACIÓN SOBRE INSPECCIONES

El funcionario también ha asegurado que no podía avisar a los prostíbulos a través de Quílez de las inspecciones que el Ayuntamiento iba a realizar con la Guardia Urbana porque "no disponía" de esa información.

"No disponía de información privilegiada para pasarla a ningún local" y menos al de la calle Fontanella, lugar --sin licencias-- donde, ha destacado el fiscal, que informaba sobre las inspecciones que se iban a producir.