Reformas que cambian las reglas del juego

Antes hablábamos de reformas cuando queríamos "modificar una cosa para darle una nueva forma con el intento de mejorarla", tal como nos dice el diccionario de la Lengua. Hoy cuando se anuncia una "reforma" desconfiamos porque lo asociamos a cambios normativos que suprimen o limitan derechos conquistados. Los gobiernos han decidido emplear la palabra reforma como enmienda, corrección, o regreso a posiciones previas. Una u otra acepción es una opción política: o se asocia a cambio para mejorar o a cambio para devolver en su punto de partida.

Cuando analizamos las reformas, sean la laboral, la de pensiones, la de las administraciones locales, la educativa, la sanitaria, etc. encontramos en común la voluntad de modificar el marco actual. Pero en todos los casos se quiere hacer desnudando de derechos, garantías o recursos. No se quiere la mejora, sino el ajuste o la adecuación. Siempre la misma justificación: hacerlo sostenible, adaptarlo a los cambios, racionalizar, etc. Pocas veces se habla de mejorar la atención a las personas, de crear nuevos derechos o de mejorar la calidad del servicio. Son reformas profundamente ideológicas, que empobrecen a la mayoría de la sociedad y aumentan las desigualdades. Son decisiones políticas que no están justificadas ni por el contexto tecnológico o de conocimiento ni por las necesidades económicas o de funcionamiento de los mercados en un contexto de globalización. Aprovechan la situación de crisis y el alto nivel de paro para imponerlas.

La reforma laboral ha provocado el abaratamiento de los costes laborales, vía desocupación y empeoramiento de las condiciones laborales. La productividad aumenta y la capacidad de crear riqueza no disminuye, a pesar de disminuir el número de trabajadores ocupados, el resultado es el traspaso de las rentas del trabajo al capital. O sea una minoría se enriquece a expensas de la mayoría que se empobrece. Por eso aumenta el poder unilateral del empresario y se debilita la capacidad negociadora de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales.

La reforma de pensiones que promueve el Gobierno quiere hacer perder capacidad adquisitiva a las pensiones actuales y futuras. Se quieren promover sistemas privados que hagan negocio con el ahorro de los trabajadores en activo. Una reforma innecesaria después del acuerdo del 2011, puesto que el problema no es de gasto, que no es superior a la media de la UE, sino de ingresos que son muy inferiores a los standards de la UE. Lo hacen por motivos ideológicos.

La reforma de las administraciones locales, que promueven en paralelo y con contenidos similares tanto el Gobierno del Estado y como Cataluña la Generalitat, quiere modificar el actual marco normativo para impedir que los municipios presten muchos de los servicios que prestaban a la ciudadanía (guarderías, servicios sociales, etc.). Explican que el ahorro será de 8.000 millones de ? al Estado y de unos 1.000 M en Cataluña. Queda claro que el que quieren es ajustar y recortar gasto y alejar la participación ciudadana.

La misma lógica respira la LOMCE o la aplicación de la LEC por la Generalitat, introducir reformas y recortar gasto abriendo una escuela segregadora y clasista, que consolida la desigualdad social que impregna las políticas de los gobiernos actuales. En la sanidad se desviste un sistema público para abrir al negocio de la salud donde las diferencias sociales acontecerán también desigualdad en el acceso a los servicios de calidad.

Con este panorama este otoño habrá nuevas y fuertes movilizaciones laborales (en defensa de la negociación colectiva, de la ocupación, contra la precariedad, por la creación de ocupación, por la renta garantizada de ciudadanía, etc.), educativas (contra los recortes y la LOMCE), en la sanidad (contra las privatizaciones), en contra de la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, en contra que los ayuntamientos no puedan satisfacer las necesidades y respetar la participación ciudadana, por unos presupuestos sociales, etc. Movilizaciones que denotan que las reformas actuales son imposiciones ideológicas que se hacen para cambiar las reglas de juego. Ni inevitables, ni necesarias. Si queremos recuperar el fondo de la palabra reforma, dotándola del sentido de cambiar para mejorar, tenemos que actuar desde la propuesta y la organización de la respuesta. Hay que cambiar las actuales políticas.