Dos directivos de ACCIONA son acusados en Zaragoza de malversación, falsedad documental continuada, blanqueo de capitales y cohecho

Este jueves Vozpópuli habla de que el juez que instruye el Caso Plaza, una presunta trama de corrupción en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) que habría supuesto el desvío de 50 millones de euros de fondos públicos, ha impuesto una fianza de seis millones de euros a José María Jordán, que fue responsable de Acciona en Aragón y a Jordán que es ahora director de Infraestructuras de Acciona en Brasil y para su homólogo en Colombia, Miguel Ángel Bretón que relevó a Jordán al frente de la UTE  una fianza de dos millones de euros. Los dos ejecutivos de la constructora de la familia Entrecanales están acusados de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental continuada, blanqueo de capitales y cohecho .

Tras declarar a finales de agosto, el juez decidió mantenerles como imputados, en libertad condicional pero sometidos a medidas cautelares como la retirada del pasaporte, lo que les impide salir de España, y la obligación de presentarse todos los lunes ante el juzgado y el embargo de todos sus bienes. Las fianzas no son para evitar la cárcel, sino por la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga después de que los imputados pidieran recuperar sus pasaportes para seguir trabajando en Brasil y Colombia.

Jordán y Bretón solicitaron poder dejar su pasaporte en los consulados para seguir trabajando para Acciona en Brasil y Colombia. Los hechos investigados se remontan de 2000 a 2011, cuando se desarrolló el complejo logístico. Ya por entonces, Plaza era una sociedad pública controlada por el Gobierno de Aragón y participada por el Ayuntamiento de Zaragoza, Ibercaja y Caja de Ahorros de la Inmaculada. Acciona, con un 70%, y la empresa Mariano López Navarro, con un 30%, crearon una Unión Temporal de Empresas (UTE) para proceder a la urbanización de los terrenos de la Plataforma, que se define en su web corporativa como la más grande de Europa, con más de 13 millones de metros cuadrados y un centro intermodal de transporte.

Según la investigación de la Brigada de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) y de la Fiscalía Anticorrupción, los imputados incurrieron en presuntas irregularidades contables en la contratación de las obras de urbanización de Plaza, que comenzaron en 2011. Se han detectado que los implicados en la trama pudieron inflar las facturas y desviar fondos públicos, hasta un monto total de 50 millones de euros, por lo que se les acusa de los cuatro delitos antes citados.

Acciona acudió al juzgado nada más conocerse los hechos para mostrar su disposición a colaborar con la justicia y la investigación. El grupo constructor y energético también confirmó que la defensa de sus dos directivos, que no han sido relevado de sus cargos, corre a cargo de la compañía, a través del despacho de abogados Cuatrecasas.