jueves, 17 de agosto de 2017 05:40
Sociedad

El fiscal pide de 3 a 44 años para los implicados en los macroprostíbulos de Castelldefels

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El juicio contra los 20 acusados en la presunta trama de proxenetismo y soborno a policías vinculada a los macroprostíbulos de Castelldefels (Barcelona) Riviera y Saratoga arranca el lunes a las 9.30 en la Audiencia de Barcelona con las declaraciones de los acusados. La jueza avala los informes y conversaciones telefónicas recurridos por las defensas.

La jueza ha fijado el inicio de la vista oral después de tratar a mediados de julio las cuestiones previas, en las que algunas defensas solicitaron anular parte del sumario -incluidas las conversaciones telefónicas intervenidas e informes policiales - por falta de imparcialidad en la investigación de la causa, lo que la magistrada ha rechazado.

Según el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo, los propietarios y encargados de los macroprostíbulos se lucraron de 2002 a 2008 de la explotación de mujeres - algunas menores - en situación irregular, que les daban parte del dinero conseguido, siendo sometidas a un horario fijo de 11 horas seguidas y controladas por 'mamis'.

Esta explotación estuvo favorecida por los chivatazos de la entonces cúpula de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Barcelona, que dependía de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif): el comisario jefe, dos inspectores jefes, un subinspector y un agente, que actuaron "abusando de su condición y capacidad de mando".

Estos policías, que entre otras funciones, tenían la de realizar redadas en los locales de alterne, alertaban a los propietarios de Riviera y de Saratoga cuando se iba a producir una inspección para evitar multas por tener a menores y a mujeres en situación irregular.

Se estructuraron jerárquicamente "asumiendo la jefatura del núcleo" los policías Luis G.G. y Andrés O.B., que negociaban con los encargaros de los prostíbulos Antonio H. y Raúl P.S. pasarles información a cambio de dinero, que cobraban en efectivo y en especie: por ejemplo relojes, dando trabajo a hijos de los policías y sufragando tratamientos médicos.

En 2007, el inspector jefe de la Brigada de Extranjería y Documentación, José Javier M.P., "se quiso sumar a dicho grupo delincuencial" al descubrir las actuaciones ilegales de sus compañeros y para desbancar de este negocio ilícito a su igual en el cargo, el exinspector Andrés O.B.

José Javier M.P. - para quien el fiscal pide la mayor pena de cárcel (44 años) - también amenazaba a otros prostíbulos de Barcelona con hacerles inspecciones, hecho que obligaba a los propietarios de los clubes a ser asesorados por los abogados que el policía les recomendaba, y que exigían a sus clientes "cantidades de dinero desorbitadas".

PETICIÓN DEL FISCAL

El fiscal pide de 3 a 44 años por favorecimiento de la prostitución, pertenencia a organización criminal, asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo, revelación de secretos con grave daño a la causa pública, omisión del deber de perseguir delitos, aprovechar información privilegiada, falsificar documentos oficiales, extorsión en concurso medial con delito cometido por funcionario público contra derechos individuales, violación de información por razón de cargo, e infidelidad en custodia de documentos.

Pide la pena máxima de 44 años para el entonces inspector José Javier M.P., y 14 años para cada policía, el comisario Luis G.G. y el inspector Andrés O.B., jefes del núcleo; y 15 y 18 años, respectivamente, para el propietario del Riviera Antonio H., y del Saratoga, Raúl P.S.

Para otros dos propietarios y tres encargados de los macroprostíbulos - José V., José Carlos H., Salah E., Carmelo S. y John Hawer M.- pide de 7 a 17 años, dependiendo de los delitos, y de 13 a 22 años para los otros tres agentes de la Policía Nacional: Abundio N. ,José Manuel M. e Ignacio L.

Respecto a los tres abogados implicados - Fernando M., Álex G. y Carlos C. - el fiscal solicita entre 5 y 20 años; para el entonces funcionario del Ayuntamiento de Barcelona Manuel M., 19 años; para el ingeniero industrial Joaquín Q., 20 años, y para otros dos acusados, Jorge Manuel J. y Juan Carlos E., 3 y 5 años respectivamente.

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