lunes, 11 de diciembre de 2017 16:16
Opinión

Estabilización

Robert Pastor
Robert Pastor



Parecía bastante difícil, casi imposible, pero ha llegado. El acuerdo entre los dos partidos vascos con más años de historia ha llegado tras largas negociaciones. No era carrizo, ni por las diferencias y agravios estimados de ambos lados durante las últimas legislaturas, ni por las personas de los máximos dirigentes sucesivos del gobierno autonómico, el socialista Patxi López y el nacionalista Iñigo Urkullu.

El caso es, sin embargo , como ya ha ocurrido en otros momentos históricos de dificultad, aunque no sea una situación tan dramática como la de guerra, los hasta ahora rivales más directos en las confrontaciones electorales han llegado a un pacto que, en palabras del portavoz del gabinete actual, Josu Erkoreka , da estabilidad al Ejecutivo para "desarrollar sus compromisos".

El acuerdo alcanzado es para una nueva regulación de la fiscalidad, para la reactivación económica y para mejorar los servicios públicos. Con matices de carácter social, introducidos por la fuerza política de la oposición y aceptados por el gobierno en minoría.

Erkoreka añadía que el acuerdo está abierto a otras fuerzas políticas y con vocación de extenderlas a otras administraciones. Estas otras son diputaciones y ayuntamientos, donde la suma de los dos partidos concordados no es suficiente para formar mayorías. No son suficientes, para empezar, a las " juntas generales" (órgano legislativo territorial) que marcan las directrices a dos de las poderosas instituciones forales, las de Álava y Guipúzcoa.

El Partido Popular ya ha pedido participar en una negociación previa a la aplicación definitiva del pacto, algo deseable desde el punto de vista de las sumas de votos en las diversas instituciones, pero a la vez recibido por parte de los interlocutores con desconfianza que ésta pueda ser, si finalmente el consenso llega, una de esas sumas que, en política, restan.

El momento es clave, porque no sólo se han de aprobar un presupuesto general que el gobierno Urkullu no podría salir adelante sin apoyo, o soportes, de la oposición, sino porque también se ha de culminar la negociación del cupo a pagar en virtud del concierto económico entre las administraciones de Euskadi y del Estado.

Una verdadera estabilidad política es, sin duda, elemento necesario en estos tiempos de crisis, para mejorar aún más una situación vasca de ventaja relativa respecto de la media estatal que se refleja, entre otros datos estadísticos, en diez puntos porcentuales menos de índice de paro.

La otra estabilización trascendental y tan esperada es la consolidación definitiva del fin de la violencia, anunciada por quienes la practicaban, y hasta ahora cumplida. Después de mucho tiempo de ausencia de espacios tan destacados como los de antes en los principales medios de comunicación, todos han coincidido en destacar la previsión de que ETA anunciará antes de Navidad el desarme, con un inventario de todos los arsenales y "zulos " para ir entregándolos, o desmantelarlos, progresivamente, bajo el control de algún "organismo internacional independiente". Ni efectivos del gobierno español, como éste viene exigiendo, ni instituciones vascas, como habían aconsejado los mediadores internacionales y previsto el Gobierno vasco.

El anuncio del desarme, otra vez unilateral de la organización, y esta vez sin esperar contrapartidas, sería simultáneo, o casi (según las fuentes coincidentes) con una nueva declaración de los presos de ETA, para abrir una vía a medidas individualizadas de alivio de los regímenes penitenciarios de cada caso. Y si esto añadimos las declaraciones -ya explicadas la semana pasada- de la presidenta del PP en el territorio, Arantes Quiroga, en favor del diálogo político sin excluir los radicales de HB Bildu, las esperanzas de una estabilidad política, y también social al país Vasco, parecen más fundamentadas de lo que han sido desde hace años.

Una vez más, sin embargo, la clave de bóveda la tendrá el gobierno español y el partido que le da cobertura. El primero, especialmente, porque ha insistido en no aceptar ninguna comprobación de que el desarme de la organización saliendo del terrorismo que no hagan sus fuerzas de seguridad.

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