sábado, 16 de diciembre de 2017 02:43
Politica

El Gobierno limita la pérdida de competencias de los municipios a los que necesiten ayuda estatal

|

La pérdida de prestación de servicios municipales en favor de las diputaciones provinciales estará restringida a aquellos ayuntamientos que necesiten ayuda financiera por parte del Estado, según ha explicado este viernes el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, tras el Consejo de Ministros que ha aprobado el proyecto de ley de reforma local.

El proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local ha recibido el visto bueno del Ejecutivo después de más de un año de trabajo en una reforma que ha suscitado el rechazo del PSOE y el resto de la oposición al considerar que supone un ataque al municipalismo y la privatización de los servicios públicos.


Los borradores iniciales del Gobierno incluían el concepto de coste estándar para la prestación de los servicios municipales, en virtud del cual los ayuntamientos perderían la competencia en favor de las diputaciones si no se acogían a él.


Sin embargo, según ha anunciado Montoro, el coste estándar "ha desaparecido" del proyecto final que el Gobierno remitirá a las Cortes Generales y ha sido sustituido por el denominado coste efectivo, por el que los ayuntamientos deberán publicar en un plazo máximo de tres meses el coste de todos sus servicios municipales, tales como recogida de basuras o servicio de limpieza.


El ministro ha defendido que, con ello, se "gana" en "términos de publicidad y comparación" porque los ciudadanos tendrán la oportunidad de conocer el coste de un servicio en su municipio y compararlo con entidades similares. "Será un ejercicio democrático muy sano", ha celebrado.


Pero además, ha adelantado que cuando la administración general del Estado, a través del Ministerio de Hacienda, tenga que "entrar" en un municipio para corregir su situación, como sucede a través de los planes económicos financieros, habrá "un instrumento legal mayor para introducir en esos planes que lleven a la estabilidad presupuestaria y en su momento incluso con capacidad de sustraer esas funciones de ese municipio y delegarla si fuere el caso en una diputación".


"Es un sistema menos contundente pero igualmente coherente y comprometido con la estabilidad presupuestaria", ha defendido el ministro sobre el cambio realizado en el proyecto de ley tras las severas críticas recibidas por parte del Consejo de Estado, que advirtió de que el texto inicial del Gobierno podía vulnerar la Constitución al violar la autonomía municipal.


Precisamente, Montoro ha explicado que el Gobierno está para "cambiar" sus proyectos en función de los informes que emitan las instituciones pertinentes. "Si avisa de que una figura puede limitar la autonomía municipal, pues esa figura no vale", ha reconocido.


Además, ha planteado la posibilidad de que la eliminación del coste estándar abra la puerta a ampliar el consenso durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley.


"Si se decía que el coste estándar vacía y lleva a la privatización, pues ya está, ya ha desaparecido ese argumento", ha ofrecido el ministro, que ha asegurado que la voluntad del Gobierno es la de alcanzar la "máxima coincidencia" con los partidos con representación en las Cortes Generales.


INCENTIVAR LA FUSIÓN DE MUNICIPIOS


Otra de las novedades que incluye el texto aprobado este viernes es la inclusión de incentivos a las fusiones municipales voluntarias, también siguiendo con las recomendaciones del Consejo de Estado.


"Para ello, se establecen una serie de incentivos para el nuevo municipio fusionado, como una mayor financiación per cápita, dispensa temporal para no prestar los nuevos servicios que pudieran resultar obligatorios por su aumento poblacional o una preferencia temporal en planes de cooperación local de infraestructuras, obras, servicios y subvenciones", explica el Gobierno.


Además, el proyecto de ley se promueve la gestión integrada o coordinada de todos los servicios de los municipios, de forma que, si generan unos ahorros mínimos, recibirán mayor financiación; y además se aumentan las trabas a la creación y escisión de municipios, que deberán contar con, al menos, cinco mil habitantes.


Con esta reforma, el Gobierno potencia el papel de las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, que podrán coordinar determinados servicios mínimos obligatorios de los municipios de menos de veinte mil habitantes, mediante su prestación por la diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas, a menos que el municipio justifique que puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el de aquellas.


Además, podrán asistir a los municipios en las facultades de gestión de la recaudación tributaria, la gestión financiera, la Administración electrónica y la contratación centralizada.


Por su parte, las entidades locales de ámbito inferior al municipio deberán , en un plazo de tres meses, presentar sus cuentas ante el Estado y comunidades autónomas. En caso de que no lo hagan, se disuelven y se integran en los ayuntamientos de los que dependan como organización desconcentrada y corresponderá al municipio la prestación del mismo, carentes de personalidad jurídica.


En todo caso, no se permite la creación de nuevas entidades locales menores con personalidad jurídica propia, y se mantendrán únicamente las existentes, si se presentan sus cuentas, y aquellas que hayan iniciado su procedimiento para su constitución antes del 1 de enero de 2013.


MANTIENE EL LÍMITE AL SUELDO DE LOS ALCALDES


Pese a todo ello, Montoro ha insistido en numerosas ocasiones que lo más importante de esta reforma es la delimitación de competencias, ya que en el texto se definen tanto las competencias propias como las delegadas, que deben ser desarrolladas por la Administración Local, diferenciándolas de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas.


El proyecto también contempla una racionalización del sector público local, ya que se revisan en profundidad el sector público local y sus organismos dependientes, "que habían crecido exponencialmente en los últimos años", con el objetivo de racionalizar su número y estructura, "lo que generará ahorros importantes". Igualmente, se limitan las retribuciones en los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público local.


De la misma forma, el Ejecutivo mantiene el anuncio inicial de que los alcaldes de las poblaciones mayores no podrán cobrar más que un secretario de Estado, un sueldo que irá descendiendo progresivamente en función del número de habitantes.


Igualmente, se fijan límites, en función de criterios poblacionales, al número de cargos representativos locales que pueden ejercer sus funciones en régimen de dedicación exclusiva y el número de personal eventual al servicio de las entidades locales, que no podrá superar un determinado número en función de la población del municipio.

COMENTAR


Pressdigital
redaccion@pressdigital.es
Powered by Bigpress
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. EDITADO POR ORNA COMUNICACIÓN SL
Mapa Web Condiciones de uso Consejo editorial version mobil