Autorizado endeudamiento a Cataluña, Aragón, Extremadura, Asturias, Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana

El Consejo de Ministros ha autorizado a formalizar préstamos a largo plazo y a emitir deuda pública a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Cataluña, Extremadura, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, correspondientes al segundo tramo del objetivo de estabilidad presupuestaria de 2013, fijado inicialmente en un déficit del 0,7 por 100 del PIB regional.

Estas operaciones podrán ser atendidas con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), en caso de las cinco Comunidades Autónomas que ya están adheridas a este instrumento de liquidez para las Administraciones Públicas.

A la comunidad autónoma de Andalucía se le autoriza a formalizar emisiones de deuda pública u operaciones de crédito por un importe máximo de 514,15 millones de euros.

El Principado de Asturias podrá formalizar bonos u obligaciones por el importe pendiente de formalizar, hasta un máximo de 80,32 millones de euros.

Por lo que se refiere a Cataluña, esta comunidad es autorizada a formalizar préstamos en el interior y el exterior, así como emisiones de bonos y obligaciones, hasta un importe máximo de 701,00 millones de euros.

Murcia es autorizada a suscribir préstamos a largo plazo y emitir pagarés, obligaciones y bonos hasta un importe máximo de 97,50 millones de euros. Asimismo, se autoriza a la Comunidad Autónoma una nueva prórroga, hasta el 30 de septiembre de 2013, por el importe pendiente de formalizar hasta un máximo de 113 millones de euros.

La Comunidad Valenciana ha sido autorizada a emitir deuda pública hasta un importe máximo 356,78 millones de euros.

Por otro lado, para Aragón, comunidad autónoma no adherida al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la autorización es emitir deuda pública y formalizar préstamos a largo plazo en monedas distintas del euro hasta un importe máximo de 171,80 millones de euros.

Y Extremadura, que tampoco se adhirió al FLA, es autorizada a emitir deuda pública y formalizar préstamos a largo plazo en monedas distintas del euro hasta un importe máximo de 61,21 millones de euros.