Agbar pedirá a la Generalitat que ejecute la resolución que excluye a ACCIONA del concurso de la ATLL

Catalunyapress/Europapress.- Agbar pedirá en los próximos días la ejecución de la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) sobre la adjudicación de Aguas Ter-Llobregat (ATLL), que dictaminó en enero que la oferta de Acciona es nula y debe adjudicarse de nuevo o entregarla al segundo licitador.

El pasado 19 de julio todos los miembros del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) coincidieron en afirmar que la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) era ejecutiva y debía ejecutar dejando excluido del concurso de la ATLL a Acciona. Es por este motivo que Agbar ha pedido a la Generalitat que tanto si recurre en casación ante el Tribunal Supremo como si no lo hace, ejecute lo dictaminado por el TSJC.

En este sentido el TSJC decía expresamente en su apartado 38. "En cuanto al carácter ejecutivo de la resolución impugnada, no nos queda sino remitirnos a las consideraciones efectuadas en el auto impugnado ... el imperativo de eficacia de esta acción que impone la directiva 2007/66/CE y a fin de evitar en la medida de lo posible los hechos consumados a ser un valor a considerar en el momento en que hay que resolver sobre la eficacia de la resolución o su suspensión ".

Así se puede interpretar el voto particular del magistrado del TSJC ya que admite empleando el a contrario sensu que si no hay suspensión judicial,"no se debe mantener el estatus quo, y se debe ejecutar la resolución impugnada de la OARCC".

Fuentes de Agbar han informado a Europa Press que, independientemente de los pasos que adopte el Gobierno si decide interponer recurso en el Tribunal Supremo, la prioridad es hacer valer el carácter ejecutivo de la decisión de la OARCC, organismo que depende de la propia Administración catalana , y desatascar el conflicto de la adjudicación de este servicio.

Además, la compañía avala esta nueva reclamación a la Generalitat con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que el pasado viernes rechazó el recurso de reposición cursado por la Administración y el consorcio ganador - que recurrirá al Supremo -.

El TSJC justificó su decisión argumentando que la normativa europea vela para evitar que se mantenga por la vía de los hechos consumados una decisión durante el tiempo que se tramita un litigio "en perjuicio de los contratistas injustamente desplazados".

Los recursos de Acciona y Gobierno invocaban a los daños que se derivarían de la anulación del concurso público en cuanto a la repercusión en las finanzas de la Generalidad - el contrato le permitió reducir el déficit en 1.000 millones en 2012 - -, así como perjuicios para el servicio de agua a los consumidores del área metropolitana de Barcelona y para la plantilla de la ATLL, entre otros.

Ante este argumento, el TSJC argumentó - con un voto particular en contra - que no se puede constatar que el mantenimiento de la decisión de la OARCC comporte "daños que tengan suficiente entidad" para que los perjuicios se limitarían al proceso de transición a un nuevo concesionario, ya que la ley obliga a seleccionar un nuevo contratista".

Concretamente según el dictamen del Tribunal de Justicia de Cataluña (TSJC) del pasado 19 de julio en el apartado de perjuicios económicos alegados tanto por la Generalitat como por ACCIONA y Aguas el TSJC recuerda que "no se considerarán los intereses económicos directamente vinculantes al contrato, específicamente los costes de transición a un nuevo licitador o los costes derivados de una nueva convocatoria si ésta resulta necesaria "todo amparándose en la Directiva Europea 2007/66/CE. Además si se adjudicara a la segunda demandante en este caso AGBAR, como si se hiciera una nueva licitación "el nuevo adjudicatario asumirá la retribución correspondiente y el déficit público se mantendrá en los mismos términos actuales". De hecho si se hubiera de hacer un nuevo Plan económico como afirma la interventora de la Generalidad que se debería hacer "nada impide que la nueva adjudicación se produzca en paralelo, al plan, de forma que el FEFIC quedaría absorbido simultáneamente "añadiendo además que" la velocidad de reacción de la misma Administración mininminitzaria el plazo de transición, que se pueda aislar dar en materia de daños a la Hisensa pública y que así quedarían sustancialmente compensados ".

Asimismo el dictamen del TSJC niega que hayan prejuicios por los trabajadores de la ATLL ya que ha habido "una subida de impuestos que ha modificado la tarifa y ésta ha sido aprobada por la Generalitat y esto ha llevado a que no se sepa si esta es la que le correspondía a ACCIONA según la oferta presentada, sembrando dudas sobre si se podría determinar al final si la tarifa de AGBAR seguiría siendo más alta para el usuario que la de ACCIONA ".