domingo, 17 de diciembre de 2017 20:24
Politica

El Gobierno murciano suscribirá con la banca el primer convenio antidesahucios a nivel nacional

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El Consejo de Gobierno de Murcia ha dado el visto bueno a un convenio entre la Comunidad, a través de la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, y un grupo de entidades financieras para la participación en el Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda, siendo ésta la "primera respuesta" que hace una administración pública en España.

El titular del departamento, Francisco Bernabé, ha destacado que se trata de un documento "pionero" por cuanto es el primero a nivel nacional de estas características. Con este acuerdo de 'Desahucios Cero', que se firmará en los próximos días, se sientan las bases para "la constitución de bolsas de viviendas vacías destinadas al alquiler social" que no existía antes para que ningún murciano se quede "sin un techo digno".

La colaboración se establece entre el Servicio regional de Orientación y Mediación Hipotecaria y de Vivienda y las entidades financieras Banco Mare Nostrum, Caixabank, Banco Sabadell y Cajamar Caja Rural.

Así, la Administración regional y las entidades financieras trabajarán con el objetivo común de prevenir, atender y paliar la pérdida de la vivienda habitual como consecuencia de procesos de ejecución hipotecaria.

Hasta el momento, la Administración regional viene colaborando con la Federación de Municipios y de los colegios profesionales de Abogados, Procuradores, Economistas y Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la Región de Murcia, a los que ahora se suma las entidades financieras.

En virtud de este acuerdo "se establecen las líneas de colaboración necesarias con las entidades de crédito para poner a disposición de los afectados la intermediación hipotecaria, con el propósito de evitar la ejecución hipotecaria, aminorar el sobreendeudamiento hipotecario y salvaguardar la vivienda, estableciendo, además, los cauces para garantizar, en todo caso, el acceso a una vivienda de alquiler social a quienes lo necesiten".

Además de que "las entidades financieras se comprometen a mantener la interlocución con el Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda, constituido en el seno de la Consejería de Fomento, a los efectos de buscar salidas negociadas que permitan una resolución alternativa al procedimiento de ejecución hipotecaria, a la vez que se establecen las líneas generales para la constitución de una bolsa de viviendas vacías de las entidades financieras con destino a alquiler social".

Al hilo, Bernabé ha puntualizado que en lo que llevamos de año 75 familias han recurrido a este servicio, lo que arroja una media de 19 familias al mes, aunque se observa una tendencia a la baja desde 2013.

Las entidades firmantes de este acuerdo se comprometen a encontrar una solución a los casos de ejecución hipotecaria que se planteen a través de la reestructuración o rehabilitación del préstamo hipotecario, la reducción o quita de la deuda, la dación en pago, la conversión del préstamo hipotecario en un contrato de alquiler, la venta del inmueble por el deudor, la suspensión del alzamiento en atención a los colectivos especialmente vulnerables o el alquiler social.

REQUISITOS

El convenio, que tendrá una vigencia de tres años, establece que los destinatarios de la actuación del Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda son los propietarios de una vivienda que constituya su domicilio habitual y permanente, que puedan verse afectados por situación sobrevenida de insolvencia respecto al préstamo hipotecario y, por tanto, en riesgo de ejecución hipotecaria.

Deben concurrir, además, las circunstancias de que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples; y que en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas.

Además de que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por ciento de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar; que se trate de un crédito o préstamo que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma; y que el precio de adquisición de la vivienda habitual sea inferior a 300.000 euros.

Bernabé ha recordado que este acuerdo, que queda abierto a nuevas adhesiones por parte de las entidades financieras, se suma al suscrito el pasado mes de marzo con los representantes de la Federación de Municipios y de los colegios profesionales de abogados, procuradores, economistas y agentes de la propiedad inmobiliaria "para hacer más eficiente, más extensa y más certera la acción que se viene desarrollando por el Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda, que ha atendido más de 500 casos desde su creación y que cuenta ahora con el rango legal que le otorga la nueva Ley de Vivienda".

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