lunes, 21 de agosto de 2017 04:53
Sociedad
PRESENCIA DE INVERCARIA

Un informe de la Intervención apunta que la adjudicación de la mina de Aznalcóllar "se ajusta a Derecho"

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Un informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre el concurso minero de Aznalcóllar (Sevilla) concluye con que, "a la vista de la información puesta a disposición de la mesa de contratación y de la asistencia a la sus reuniones como vocal", dicha adjudicación "se ha ajustado a Derecho".


La Intervención alude al auto dictado el 7 de mayo de 2015 por el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, donde se ponen de manifiesto "supuestas irregularidades" en la tramitación del procedimiento seguido para la adjudicación de las actividades extractivas de explotación de los recursos de la zona de Aznalcóllar.


En ese sentido, el informe de la Intervención indica, sobre la normativa del concurso, que éste "se ha de regir por la legislación minera, aplicándose de manera supletoria la Ley de Contratos del Sector Público".


Sobre el procedimiento, la Intervención explica los trámites necesarios para la resolución del concurso y apunta que la Intervención "constata el cumplimiento" de estos trámites, recordando "el carácter técnico y multidisciplinar de la comisión técnica".


Asimismo, sobre los requisitos de la adjudicataria, la Intervención constata que en la primera reunión de la mesa de contratación, el día 28 de abril de 2014, se les solicitó a las entonces tres empresas concurrentes que subsanaran las deficiencias, debiendo aportar la documentación solicitada en el plazo de tres días.


El informe de la Intervención recuerda todo el procedimiento, hasta que el 20 de febrero de 2015 para, tras el análisis del informe de la comisión técnica y teniendo en cuenta la puntuación obtenida por los licitadores, se propone como adjudicataria a Minorbis Grupo México, al ser la entidad que mayor puntuación ha obtenido.


El informe de la Intervención, sobre los requisitos de solvencia de la adjudicataria, alude a informes de la Junta Consultiva de Contratación de Aragón o a la doctrina del TJUE y a la Directiva 2004/18/CE, y, de acuerdo con esa directiva y la jurisprudencia comunitaria, y trasladándolas a este caso, la Intervención concluye que Minorbis SL "podía acreditar tanto la solvencia técnica y profesional como la económica o financiera presentando un documento de compromiso acreditativo de que contaría con los medios de Grupo México para la ejecución del proyecto minero, si bien la mesa del concurso tenía que examinar las pruebas aportadas por el licitador".


Ha recordado que en las bases de este concurso público "está prevista la inclusión en la comisión técnica de una persona empleada pública con experiencia en valoraciones económicas y financieras".


PRESENCIA DE INVERCARIA


En ese sentido, recuerda que "con carácter previo a la constitución de la mesa de apertura de las solicitudes, la directora general de Industria, Energía y Minas solicitó a Invercaria la designación de una empleada pública de dicha entidad que pudiera prestar asesoramiento en la validación de la acreditación de la solvencia económica y financiera de las empresas, advirtiendo de que 'la complejidad de esta validación se deriva de que en las tres propuestas presentadas hay empresas extranjeras, por lo que debe establecerse la reciprocidad de la documentación acreditativa con la exigida para empresas españolas'".


Ha indicado que la persona designada para asistir a la mesa fue Pilar Trujillano, técnico de análisis.


Constituida la mesa, se constata que la licitadora Minorbis SL presenta para acreditar su solvencia económica y técnica "copia del informe anual 2012 del Grupo México, empresa que cotiza en el mercado de valores de Estados Unidos, por lo que su información financiera es de carácter público, advirtiéndose en dicho informe que los fondos propios del grupo ascienden a 10.090 millones de dólares, superando con creces el 30 por ciento del importe necesario para el anteproyecto presentado en esta fase del concurso".


La Intervención ha precisado que Minorbis "también adjuntó copia de la declaración sobre volumen global de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto de la adjudicación"; además de un memorándum de entendimiento.


Tras estudiar Pilar Trujillano Mantilla la documentación financiera facilitada por Grupo México "confirma a la mesa que dicha documentación acredita suficientemente la solvencia de la empresa extranjera". No obstante, "a la vista de la poca claridad de dicho memorándum de entendimiento para acreditar la solvencia económica y técnica de la licitadora", la mesa del concurso requirió a Minorbis SL para que acreditara documentalmente que, "en caso de resultar adjudicataria del concurso, la entidad Grupo México se comprometía a aportarle la solvencia económica-financiera y técnica exigida".


La licitadora aportó una 'Declaración conjunta de compromiso', en la que "quedaba claro que para la ejecución del proyecto, Grupo México respaldaba a Minorbis SLU en los aspectos de solvencia económica-financiera y técnica exigidos conforme a las bases del concurso".


La Intervención indica que "a la vista de tan incondicionado respaldo, la mesa consideró acreditada la solvencia de Minorbis SL, teniendo, también en cuenta que un rigor desmesurado actuaría en detrimento del principio de concurrencia".


El informe de la Intervención añade que el resto de asuntos planteados en el auto de la juez "se refieren a cuestiones técnicas verificadas por los miembros de la mesa con tales conocimientos".


En relación con el plan de investigación, el auto indicaba que "pese a que el terreno objeto de concurso se compone de 72 cuadrículas mineras, en el informe de la comisión técnica, el cálculo respecto a Minorbis se hace respecto de 53 cuadrículas en lugar de 72, alterando de esta forma las valoraciones obtenidas".


En ese punto, la Intervención indica que "el presupuesto de inversión mínimo por cuadrícula minera investigada será de 15.809 euros y deberá definirse en la propuesta el número de cuadrículas sobre las que se va a realizar la inversión". Así, precisa que en Emerita, "su presupuesto total destinado a la explotación de la zona minera de Aznalcóllar asciende a 11.460.083 euros e indican que, dado que el proyecto cuenta con 72 cuadrículas mineras, la inversión por cuadrícula minera será de 159.168 euros".


Por su parte, en Minorbis, su presupuesto total dedicado a la investigación de la zona minera de Aznalcóllar es de 7.146.405 euros, siendo 53 las cuadrículas mineras investigadas, "por lo que la inversión por cada una de ellas será de 134.838 euros".


Este informe de la Intervención se une a otro informe del gabinete jurídico de la Junta, que emitió un informe en el que determina que las actuaciones y la resolución del concurso internacional sobre la explotación minera de Aznalcóllar, por parte de la mesa de contratación, "se ajusta a Derecho" desde un punto de vista jurídico.


Ese informe se emite después de que la juez de Instrucción número 3 de Sevilla ha constatado "graves irregularidades" en la adjudicación que hizo la Junta de Andalucía de la actividad de explotación de la reserva minera de Aznalcóllar a la empresa Minorbis-Grupo México y haya pedido a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional que tome declaración a la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio Coto, "como responsable de las decisiones adoptadas" en el proceso de adjudicación.


Este auto de la juez fue emitido a raíz de la denuncia presentada por la empresa finalista de dicho concurso, Emerita Resources, y tras un informe emitido por la Policía Judicial.


La presidenta de la Junta de Andalucía en funciones, Susana Díaz, ordenó el pasado miércoles paralizar la adjudicación de la mina de Aznalcóllar tras conocerse dicho auto de la juez de Instrucción número 3 de Sevilla.

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