Una de las magistradas en el caso Nóos pide su abstención por tener parentesco con uno de los abogados

Una de las magistradas que prevén integrar el tribunal que juzgará a los 18 acusados del caso Nóos, entre quienes se encuentra la Infanta Cristina, ha pedido abstenerse debido a su relación familiar con uno de los abogados personados en la causa.

Así consta en el escrito de abstención que ha formulado la magistrada Eleonor Moyà, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se ampara en el artículo 219.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece como causa de abstención o recusación el vínculo matrimonial o similar y el parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado con alguno de los letrados o procuradores.

En concreto, la magistrada alega ser concuñada de uno de los abogados defensores, al estar éste casado con la hermana de su marido.

"Como quiera que las causas previstas en el artículo 219 tienden a garantizar la imparcialidad objetiva, la circunstancia expuesta me suscita la duda de si concurre estrictamente un supuesto autónomo de abstención", asevera Moyà.

La magistrada ha comunicado de esta forma al tribunal, "siendo la abstención un deber jurídico", el motivo de su petición a fin de que "se resuelva si se da una situación que queda abarcada por las causas legales de abstención".

Junto a Eleonor Moyà forman parte del tribunal su presidente, Juan Pedro Yllanes, y la magistrada que -por turno de reparto entre diez magistrados de las dos secciones penales de la Audiencia- ha sido designada ponente y quien será la encargada de redactar la sentencia, Samantha Romero, perteneciente a la Sección Primera.

Los más de cien tomos y 76.000 folios de la causa, centrada en un presunto desvío de 6,2 millones de euros públicos a través del entramado creado en torno al Instituto Nóos, ya se encuentran en la Audiencia de cara al enjuiciamiento de la causa. Será más adelante cuando el tribunal fije la fecha para la celebración de la vista oral.

El recién nombrado presidente de la Audiencia Provincial de Baleares, Diego Gómez-Reino, estima que el juicio podría durar unos "tres o cuatro meses", durante los cuales la vista se desarrollará "de forma intensa" sin que ésta "afecte" al trabajo ordinario de este órgano judicial.