martes, 22 de agosto de 2017 22:47
Opinión

EL RÍO GRANDE DEL MEDITERRÁNEO

Luis Moreno
Luis Moreno

Profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos

El término ‘espaldas mojadas’ (wetbacks) calificó despectivamente durante largo tiempo a los inmigrantes ilegales llegados por el sur a los Estados Unidos de Norteamérica. Se trataba de personas que habían vadeado el Río Grande para acceder al territorio estadounidense. El también denominado en México como Río Bravo tiene una longitud que supera los 3.000 kilómetros. Nace en las montañas de San Juan en Colorado (visita a la zona muy recomendable por el autor de este artículo) y muere en el Golfo de México. Su larga travesía ha constituido la frontera natural desde 1848, fecha de la derrota mexicana en su guerra con Estados Unidos. Desde entonces han sido multitud los ‘mojados’ que se han trasladado a las tierras del vecino del norte.


Pese al dicho popular que lamenta la maldición para México de estar tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, se cuentan por millones los transeúntes procedentes de tierras mexicanas que durante las dos últimas centurias decidieron ‘mojarse’ en las aguas del Río Grande con la pretensión de una vida mejor. El transcurrir del tiempo ha constatado, igualmente, la contribución de los inmigrantes meridionales a la prosperidad de su país de acogida. Por extensión, ya recordó el presidente Obama la fundamental aportación de los inmigrantes en la construcción del gran país norteamericano. En su discurso de noviembre pasado, con motivo de la promulgación de su decreto de regularización de lo que se calcula son 11 millones de inmigrantes viviendo en las sombras estadounidenses, afirmó: “La inmigración es lo que nos define como país”.


El debate sobre la regularización inmigratoria en EEUU se ha agudizado tras la suspensión de la aplicación del decreto de Obama por un juez texano cuyo confín estatal meridional es el propio Río Grande. Tal sentencia no deja de añadir un significado simbólico a la decisión judicial tras la reclamación en comandita de 26 estados de la Unión contra la decisión de la Presidencia estadounidense. Se argumentaba en la reclamación que la legalización de los inmigrantes supondría una carga excesiva para los estados demandantes.


Resta ver si Obama decide o no de acudir directamente a la Corte Suprema estadounidense para dirimir un asunto de alta sensibilidad política, y el cual no cabe reducir a una mera diatriba competencial entre las atribuciones de la presidencia y del congreso. Se trata, más bien, de una pugna descarnada entre visiones políticas contrapuestas y de gran impacto de cara a las próximas elecciones presidenciales de noviembre de 2016.


Se asiste también en el Viejo Continente a una intensificación del debate sobre la inmigración, especialmente tras los dramáticos naufragios acecidos en la vecindad de la isla de Lampedusa. Los ciudadanos de la UE comprueban amargamente como, tras la caída del dictador Gadafi, las mafias facilitadores de la inmigración ilegal desde Libia (principalmente) intensifican su negocio con el establecimiento de trayectos ‘regulares’ de inmigrantes hacia las costas italianas. El precio del ‘billete’ para buena parte de los pasajeros de las barcazas puede superar los cinco mil euros por persona, una ‘fortuna’ que sólo pueden permitirse los inmigrantes pudientes que escapan de las zonas de conflicto bélico, especialmente Siria e Irak. A más de un espectador televisivo de los desembarcos puede escapársele el hecho de la mayoría de las personas desarrapadas --y auxiliadas por los servicios portuarios y asistenciales-- son gentes con posibilidades económicas para poder escapar de la realidad infernal de sus países.


Consecuencia de lo anterior es el incremento enorme de las peticiones de los inmigrantes como asilados políticos. Ese trámite es preceptivo para poder moverse y radicarse en los países de la EU. Y aquí empiezan los problemas políticos entre los estados miembros. Los septentrionales de la UE, algunos de los cuales son los destinos preferidos por los inmigrantes asilados, protestan por lo que consideran morosidad de los países sureños, primeros receptores de inmigrantes (especialmente Italia). De acuerdo a la Regulación de Dublín de 2003, el inmigrante o refugiado político debe tramitar la petición de asilo en el país europeo al que llegue, y esta petición conlleva la digitalización de la huella en un periodo en torno a los tres días. Sucede, sin embargo, que los datos reales son bien diversos. Se calcula que de las más de ciento cincuenta mil personas que arribaron a Italia el año pasado, alrededor de cien mil se ‘esfumaron’ sin dejar rastro. Los gobiernos norteños de la UE redoblan sus exigencias para que los países meridionales ejerzan mayor control de sus fronteras, pero no se les apoyan económicamente o con la presencia de personal técnico de control y asistencial que revise la tramitación procedimental de los peticionarios de asilo.


Los neo-conservadores estadounidenses han hecho de los inmigrantes chivos expiatorios de las carencias de su sistema de protección social. Es una relativa novedad que el rechazo anti-inmigratorio también provea una munición ideológica similar a los populistas nacionalistas del Viejo Continente. Se arguye a ambas orillas del Océano Atlántico que, dada la naturaleza del bienestar social, los inmigrantes acuden para aprovecharse de prestaciones y servicios sociales. Su financiación añade una carga extra insoportable para los contribuyentes autóctonos.


De lo que evitan hablar los xenófobos es de la necesidad que Europa tiene de la inmigración. En realidad, la inmigración es crucial para el propio futuro europeo, ya que constituye el principal recurso para mantener ritmos sostenibles de prosperidad económica análogos a los conseguidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El modelo socioeconómico europeo necesita de la contribución de los inmigrantes en forma de trabajo, de cotizaciones sociales y de impuestos para mantener vivos los sistemas de protección social en el Viejo Continente.


En el trasfondo de la dramática situación que presenciamos atónitos en la TV pende el propio futuro de la UE: ¿queremos una fortaleza inasediable o un lugar de convivencia? En la respuesta a tal cuestión se dirime la preservación del valor cultural del ‘logro’, el cual es cimiento, junto con el de solidaridad, de la civilización universal europea. De nosotros depende que el Mediterráneo no se convierta en el Río Grande de la desesperanza.

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